El Gobierno estima que 1,8 millones de jóvenes andaluces tendrán garantizado el derecho a la vivienda con la futura ley

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este miércoles el trabajo que «semana tras semana» realiza el Ejecutivo para ampliar el escudo social «mediante la aprobación de nuevas medidas de protección dirigidas a los más vulnerables: jóvenes y familias con escasos recursos económicos», y en este sentido ha puesto como ejemplo la futura Ley de la Vivienda, «que garantizará ese derecho a 1,8 millones de jóvenes andaluces con dificultad para emanciparse».

«La principal ocupación de un Gobierno debe ser el servicio público, afianzando los pilares del Estado de Bienestar para crecer en igualdad, en democracia y en compromiso social, unos objetivos que cada martes el Consejo de Ministros cumple aprobando herramientas que nos permitan crecer como país», ha subrayado Fernández, en un comunicado.

El delegado del Gobierno se ha referido tanto a las nuevas medidas para amortiguar la subida del precio de la electricidad, a la prórroga de las medidas de carácter urgente en materia de vivienda, como al anteproyecto de Ley de Vivienda, aprobados en el Consejo de Ministros de este martes.

Fernández ha aludido a la ampliación, hasta el 28 de febrero, de las medidas de carácter urgente sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, que, entre otras opciones, prorroga la suspensión de los desahucios y lanzamientos de su vivienda habitual de hogares vulnerables económica y socialmente; permite solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública.

Asimismo, el texto extiende los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, y amplía el plazo para que los arrendadores y titulares de vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, presenten la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, quedando fijado hasta el 31 de marzo.

«Con estas medidas, el Gobierno afianza la red de protección para los hogares vulnerables que comenzó a tejer en marzo de 2020, destinada a quienes más sufren y aún padecen las consecuencias de la pandemia y que necesitan que se le sigan dando respuesta», ha comentado Fernández, que ha destacado entre los colectivos más vulnerables el de las víctimas de violencia de género, que
«nevamente encuentran en el Gobierno un aliado al mantener la consideración de esencial la protección y asistencia a mujeres víctimas del machismo».

Además, la atención 24 horas en centros de acogida, asesoramiento e información a mujeres víctimas de la violencia de género «seguirá teniendo carácter esencial, de manera que ninguna pueda dudar a la hora de tomar la decisión de denunciar», ha puntualizado.

Bonos sociales

Otra de las decisiones adoptadas en el reciente Consejo de Ministros, ha recordado Fernández, «ha sido incrementar hasta el 70 por ciento los porcentajes de reducción de la factura de la luz para los perceptores del bono social eléctrico y subir la ayuda mínima del bono social térmico de 25 a 35 euros, «dos apoyos económicos claves para garantizar un mínimo de calidad de vida aproximadamente a unos 200.000 consumidores vulnerables en Andalucía».

El descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social a los consumidores vulnerables crecerá del actual 25% al 60% –del 40% al 70% en el caso de los vulnerables severos– hasta el 31 de marzo de 2022.

Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico, una ayuda directa de 25 a 124 euros, dependiendo de la zona climática en la que vivan, para cubrir los costes de la calefacción, la cocina y el agua caliente sanitaria. Así, el Consejo de Ministros ha incrementado la cantidad mínima a cobrar por parte de estos consumidores a 35 euros –dos bombonas de butano–, lo que ha conllevado duplicar el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021 con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones.

Por último, Fernández ha recordado que es la Junta de Andalucía, a través del Plan de Familias Andalucía 2020-2025, «quien ha reconocido que la comunidad tiene la tasa más baja de España en cuanto a emancipación de jóvenes de 16 entre 29 años, situada en el 14%», unos datos que, en su opinión, «pueden revertirse con la aprobación y desarrollo de la nueva Ley de Vivienda».

No obstante, ha reconocido que el Ejecutivo está poniendo en mano de las comunidades autónomas las herramientas, «pero son sus gobiernos quienes decidirán finalmente si actúan o no aplicando la normativa en sus territorios». Desde el Gobierno de España «seguimos trabajando para dar cumplimiento a nuestros compromisos», ha subrayado Fernández, que ha confiado en que la Junta, «competente en materia de vivienda, adopte como suya la
norma y dé respuesta a la necesidad real de la gente».