El juez amplía las medidas cautelares que impiden al Ayuntamiento limitar los accesos de coches VTC
- Unauto VTC Andalucía, patronal del sector, ha asegurado que de esta forma la concejala de Movilidad de Granada, Raquel Ruz (PSOE), entra en riesgo de «desobediencia» pues ha sido previamente avisada por «no cumplir las medidas cautelares», como adelantó La Voz de Granada el pasado 26 de abril
El juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada ha ampliado la medida cautelar de suspensión de la instrucción del Ayuntamiento de Granada por la que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han de pedir autorización para su circulación por carriles de acceso restringido del centro y el casco histórico.
En un auto del 10 de mayo, que ha adelantado la agencia Europa Press, el juez así lo ordena después de que el Ayuntamiento se opusiera a la ampliación de esta medida solicitada por la asociación profesional Unauto VTC Andalucía a raíz de la resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado mes de febrero, para la tramitación de las autorizaciones por los controles de accesos de estos vehículos.
Como ya hiciera en diciembre a raíz del recurso de esta misma asociación contra la instrucción de la Concejalía de Movilidad y Protección Ciudadana de 5 de noviembre, el juez advierte de que dicha suspensión habrá de mantenerse «hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al proceso o haya este finalizado por cualquiera de las otras causas previstas en la ley».
Esta decisión, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se deriva de la solicitud de Unauto para ampliar la medida cautelar, al entender que la última resolución del Ayuntamiento con mecanismos de control para las VTC en la ciudad, «limita igualmente la actividad de los vehículos de arrendamiento con conductor» y «persigue evitar el cumplimiento del mandato judicial».
El juez expone, como en su auto del pasado 19 de diciembre, que los vehículos de arrendamiento con conductor prestan «un servicio al
público al igual que el taxi», y que «no puede hablarse, en ningún caso, de actividad ilegal».
En este sentido, la instrucción recurrida, que está formulada en base a la ordenanza municipal reguladora de las zonas de acceso restringido y carriles de circulación especialmente protegidos de la ciudad, «podría suponer una vulneración de las normas de defensa de la competencia con alteración del mercado de viajeros», y «no se ha justificado ni acreditado» que «la adopción de la medida cautelar supondría un perjuicio a los intereses públicos».
Unauto VTC Andalucía ha indicado que, con este posicionamiento del juez, la concejal de Movilidad de Granada, Raquel Ruz (PSOE), entra en riesgo de «desobediencia» pues ha sido previamente advertida por «no cumplir las medidas cautelares».
La patronal VTC informó a finales del pasado mes de abril, como adelantó La Voz de Granada, que se habían registrado más de 800 multas por accesos a vías restringidas desde la entrada en funcionamiento de Uber en la ciudad a principios de año.
