El juez decreta la apertura de juicio oral contra 16 acusados en el ‘caso Marchelo’
El Juzgado de Primera Instancia en Instrucción 2 de Santa Fe ha acordado la apertura del juicio oral contra 16 personas, entre empresarios, técnicos y políticos, en la macrocausa de presunta corrupción urbanística conocida como ‘caso Marchelo’, en la que se investigan varias operaciones urbanísticas durante la etapa de gobierno del que fuera alcalde de Alhendín José Guerrero (PP), que se encuentra entre los procesados.
En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que el órgano encargado de enjuiciar este caso –que llegará a juicio tras 15 años de instrucción– será la Audiencia de Granada, en fecha aún por determinar, y se fijan fianzas para varios de los acusados por más de 1,7 millones de euros que deberán abonar en el plazo de una audiencia con apercibimiento de proceder al embargo de sus bienes si no lo hacen.
La Fiscalía acusa por tres asuntos concretos: las supuestas irregularidades en el parque empresarial Marchalendín, la edificación de la urbanización Novosur y la tramitación y construcción de una gasolinera.
Para el exalcalde de Alhendín por el PP en el momento de los hechos solicita 15 años de cárcel; y para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, 26 años de prisión. En el banquillo de los acusados se sentarán otros exediles, técnicos y promotores por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida. Por su parte, el Abogado del Estado acusa por las actuaciones sobre el antiguo cauce del arroyo de la Calera en el marco de una de estas operaciones urbanísticas.
Este auto de apertura de juicio oral, que adelanta la prensa local, llega después de que la Audiencia de Granada rechazara el pasado abril dividir la causa en piezas separadas como habían solicitado algunos de los acusados atendiendo a los diferentes expedientes urbanísticos que se han investigado.
La Audiencia Provincial respaldó así la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe de acordar la «indivisibilidad» de la causa para que «no se produzcan mayores dilaciones en unas actuaciones judiciales iniciadas en 2006 y en la que las diligencias de investigación se han realizado de manera globalizada».
Para la sala, el juez de instrucción mantenía así una «aspiración sumamente razonable» de «asegurar la prosecución de este procedimiento», en tanto que formar piezas «exigiría una retroacción de determinadas actuaciones» y provocaría «un importante e inaceptable retraso en su tramitación», tras 15 años de instrucción.
