El juicio contra el acusado de matar a un guardia civil en Huétor Vega se celebrará en noviembre
La Audiencia de Granada ha señalado para noviembre el juicio con jurado popular contra el acusado de matar en 2018 de un tiro a un guardia civil en acto de servicio en Huétor Vega (Granada), después de que fuera suspendido el pasado 1 de junio al alegar las partes la falta de medidas de seguridad en la sala de vistas frente al coronavirus.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia señala el 23 de noviembre de este año a las 9,30 horas para la constitución del jurado, precisando que se deberá citar a los mismos candidatos del 1 de junio. Para ese mismo día está prevista la declaración del acusado. Las sesiones del juicio continuarán el 24, 25, 26 y 27 de noviembre con testigos y las conclusiones finales el último día.
Estaba previsto que este fuese el primer juicio por la fórmula de jurado popular convocado en España desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y para su realización se habían previsto diversas medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social en la Sala, que finalmente las partes no consideraron suficientes.
La Fiscalía ha solicitado para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y depósito de armas de guerra.
Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2018 en Huétor Vega, cuando, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado arrebató tras una persecución el arma reglamentaria al agente José Manuel Arcos Sánchez y a corta distancia, con intención de acabar con su vida, le disparó en la zona situada entre el abdomen y la ingle, lo que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shok hipovolémico, según el relato del fiscal.
La persecución se inició cuando supuestamente el acusado «aceleró» tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara «una maniobra que resultó sospechosa (…) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma» considerada de guerra que arrojó durante la huida.
Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado el pago de multas por algo más de 2.000 euros y más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.
La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima representada por el bufete HispaColex, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años.
A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (que pide 23 años) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se adhiere a la petición del fiscal.
