El PP advierte que la Diputación prepara un «contratazo» para el servicio de vigilancia y seguridad
El Grupo Popular en la Diputación de Granada ha advertido este viernes acerca del «contratazo» que ha indicado que el gobierno de José Entrena (PSOE) en la institución «pretende poner en marcha» con la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad.
Según ha informado el PP en una nota, el 12 de septiembre, en Pleno extraordinario, el gobierno de la Diputación aprobó, con el voto en contra de esta formación, la prórroga del contrato de seguridad vigente hasta el mes de diciembre, además de «las cláusulas técnicas y administrativas de un nuevo contrato para adjudicar la vigilancia y seguridad de todas las instalaciones e inmuebles de la Diputación».
El diputado provincial del PP Fernando Pérez se ha referido en rueda de prensa de cuestiones «raras y que chirrían» en el citado pliego de condiciones y lo ha tachado de «arbitrario». Entre otras, que de los 100 puntos a valorar a las propuestas que presentan las distintas empresas interesadas en licitar, 30 «podrán ser fiscalizados» por los grupos políticos, mientras que 70 quedan al «libre albedrío» del presidente de la Diputación y de su «mayoría absoluta».
Además, el dirigente popular ha llamado la atención sobre el hecho de que el 26 de agosto el vicepresidente primero y responsable de Contratación, Pedro Fernández, «registrase en el servicio de Contratación la propuesta para iniciar el nuevo contrato del servicio de vigilancia y seguridad».
«Lo llamativo es que, con la misma fecha, 26 de agosto, hay un documento firmado por el director de Seguridad en el que se afirma que el pliego de prescripciones técnicas del contrato cumple con lo dispuesto», ha señalado Fernando Pérez, quien ha apostillado que esto «no es muy normal» en el desarrollo diario de cualquier administración pública.
Como tercer punto «irregular», los populares han advertido que en uno de los acuerdos del pliego es el de «forzar» al Pleno a «delegar» en el presidente de la Diputación de Granada «cualquier acto o trámite que conllevara el desarrollo de este contrato, incluida la propia adjudicación del mismo».
«Hablamos de un contrato de 13 millones de euros y 65 trabajadores afectados, pero José Entrena no quiere que el pleno cumpla con sus funciones de control y fiscalización de un contrato tan importante», ha censurado Pérez.
