El PP denuncia que Sánchez quiere «tumbar» el decreto sobre viviendas irregulares de Moreno

• Con este decreto ley, «todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU»

El PP de Granada ha denunciado que Pedro Sánchez quiere «tumbar» el decreto con el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, soluciona el «histórico» problema de las viviendas irregulares en Andalucía.

Así lo ha defendido la portavoz del PP granadino, Inmaculada Hernández, quien ha asegurado que el gobierno de Juanma Moreno, en su primer año de gestión, ha buscado una solución para «sacar del limbo» a las 300.000 viviendas irregulares de las que el PSOE de «desinteresó» por completo durante décadas mediante la aprobación de un Decreto Ley para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones en Andalucía, ha informado el PP en un comunicado.

El Parlamento de Andalucía convalidó el decreto ley el pasado mes de octubre con el respaldo del PP, Cs, Vox y PSOE, y el voto en contra de Adelante Andalucía. «Una vez más el PP logró acuerdos con grupos de distinto signo político buscando siempre el bien de los andaluces», ha enfatizado Hernández, quien ha recordado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya señaló en el Parlamento que el decreto ley pone el acento en la protección ambiental y la simplificación de los procesos, y el objetivo principal es «mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares».

Precisamente, fue la consejera de Fomento quien recibió el pasado diciembre una carta en la que el Gobierno central le plantea «un conflicto de competencias» y amenaza con llevar el decreto al Tribunal Constitucional, con lo cual podría quedar paralizado.

«El PSOE quiere seguir pisando el cuello de los andaluces. Quieren subir los impuestos que ha bajado Juanma Moreno, no nos devuelve los 537 millones de IVA que son nuestros, nos impide buscar financiación en los mercados y ahora quiere que no se pueda resolver el problema que ellos mismos dejaron a 300.000 andaluces», ha recriminado Hernández.

La portavoz popular ha valorado que este decreto «no es una amnistía», y que permite, con algunas excepciones, «que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

«Es decir, este decreto da soluciones a problemas que tienen los andaluces en su día a día y que el PSOE nunca quiso poner solución», ha asegurado.

Además, ha incidido en que, con este decreto ley, «todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU».

Por estas razones, este decreto del Gobierno de Juanma Moreno «ha sido alabado por presidentes de diputaciones y ayuntamientos, no solo del PP, sino también del Partido Socialista». «Porque es un decreto que ayuda a los ayuntamientos y soluciona un problema que estaba enquistado desde hace muchos años», ha señalado Inmaculada Hernández.

Por su parte, el alcalde de Cogollos Vega, Manuel Lucena, ha puesto como ejemplo práctico la situación de su municipio, donde se estima que hay 607 construcciones en suelo no urbanizable y el Ayuntamiento ha iniciado 232 expedientes para su normalización, de los cuales están totalmente tramitados 166.

Según ha explicado Lucena, con la publicación del Decreto Ley 3/2.019, de 24 de septiembre, se acordó la creación de una mesa de trabajo entre técnicos de la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento para desarrollar las medidas recogidas en el documento y poder así «normalizar la situación de las viviendas no autorizadas en nuestro pueblo que cumplan los requisitos exigidos».

«La Consejería de Fomento está atendiendo y respondiendo las preguntas de los particulares afectados y los responsables municipales a través de un enlace en su página web. Hasta la fecha, no se había intentado conseguir solucionar los problemas asociados a las edificaciones irregulares pues la legislación anterior resultaba extraordinariamente desordenada, dispersa y compleja, lo que generaba un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica», ha aludido Manuel Lucena.