El PSOE insta a la Junta a descartar la privatización de Cetursa y denuncia la elaboración de auditorías “tendenciosas”
- Martín Arcos lamenta que el Gobierno de Moreno Bonilla haya tomado decisiones “desacertadas y precipitadas que no han resuelto la situación económica” de esta empresa pública
El parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos ha instado a la Junta de Andalucía a que descarte la privatización de Cetursa, al tiempo que ha denunciado la elaboración de auditorías “tendenciosas”, que “más bien parecen informes políticos pagados con dinero público”.
Sobre este asunto, Martín Arcos formulará una pregunta oral al consejero de Hacienda y Financiación Europea en la Comisión del ramo, al considerar que con estos documentos el Gobierno de Moreno Bonilla lo que pretende es “cuestionar una vez más los servicios públicos y el buen hacer de los empleados públicos que trabajan en Cetursa”.
“Estas auditorías son un dardo contra el personal y todos sus años de trabajo, con el único objetivo de acabar con un servicio público rentable como es la empresa pública que gestiona Sierra Nevada”, ha señalado.
El parlamentario socialista ha criticado que la Junta haya cogido la “plantilla que suele usar el PP cuando gobierna para que todo lo público que es rentable económicamente pase a manos de entes privados”.
“Queremos que Sierra Nevada sea de todas y todos los granadinos. ¿Qué quiere Moreno Bonilla? ¿Qué va a hacer con la gestión de la Sierra? ¿Puede asegurar que va a seguir siendo pública?”, se ha preguntado Martín Arcos que ha reprochado al Gobierno andaluz que, dado el paso para la privatización de la hostelería, “ahora estén preparando la mesa para que la cena sea completa”.
Así, ha denunciado que las auditorías tengan una “clara intencionalidad política, que no es otra que la venta de Cetursa. O lo que es lo mismo la privatización de esta empresa pública, que en condiciones normales deja beneficios que redundan en la mejora de servicios públicos”.
Por último, ha reprochado al Ejecutivo del PP y C’s que en los últimos dos años y medio haya tomado decisiones “desacertadas y precipitadas que no han resuelto la situación económica de esta empresa pública y que, para colmo, han generado una realidad injusta a las y los trabajadores”.
