El PSOE insta a la Junta a mantener la Renta mínima para la población “más vulnerable” de la provincia, un “derecho compatible” con el IMV

• Sánchez Rubio acusa al Gobierno andaluz de cargar a los ayuntamientos con el “trabajo sucio”

El PSOE de Granada ha instado a la Junta de Andalucía a que se comprometa definitivamente con mantener la Renta mínima de Inclusión social autonómica para la población “más vulnerable” de la provincia, un “derecho compatible” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno de España.

“A partir del 15 de junio se podrán iniciar los trámites para el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital –un nuevo derecho subjetivo como prestación no contributiva de la Seguridad Social—y, en esa misma fecha, el Gobierno andaluz del PP y C’s ha pretendido bloquear la Renta Mínima de Inclusión social tras haber notificado a los ayuntamientos que desde entonces dejaría de tramitarla”, ha señalado la parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio.

La verdadera intención que esconde el Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla “no es otra que cargarse esta Renta”, según ha subrayado la socialista para denunciar que, en el caso de consumarse esta intención, sería “un mazazo para las y los granadinos que más lo necesitan”.

“Exigimos a Moreno Bonilla que no ponga más excusas y destine los 140 millones de euros que se dedican a la renta mínima –58 millones menos que los que dedicó el último gobierno socialista– a complementar y mejorar el Ingreso Mínimo Vital, de competencia estatal, en nuestra tierra”, ha dicho.

Sánchez Rubio ha recordado a la Junta que este derecho -reconocido en el Estatuto de Andalucía- en la provincia de Granada llega a casi 6.000 unidades familiares y beneficia a más de 15.000 personas con ayudas comprendidas entre 419 y 780 euros durante doce meses prorrogables.

En este sentido, la parlamentaria ha urgido al Gobierno andaluz a que acelere las solicitudes de las peticiones que se presentaron durante al año 2019 y que todavía no han sido resueltas, pese a la urgencia de la situación actual.

“En lugar de apostar por la inclusión social, el Gobierno andaluz sigue empeñado en vender que ambas prestaciones son incompatibles, buscando argumentos jurídicos inexistentes para confundir y suspender nuevos derechos en la Renta mínima andaluza, con tal de ahorrar crédito y no reconocer ningún nuevo derecho”, ha continuado.

El Real Decreto Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital es “compatible” con el resto de rentas mínimas autonómicas y no computa la percepción de éstas para determinar el derecho a la prestación, por lo que cualquier granadino o granadina puede pedirlo aunque esté percibiendo o haya solicitado la Renta mínima andaluza.

La socialista ha recordado que la Renta mínima atiende casos específicos entre la juventud más vulnerable, cuya cobertura “podría quedar en el aire”. Caso de los jóvenes entre 18 y 23 años con menores o personas con discapacidad a cargo, huérfano o huérfana de ambos progenitores y quienes con 16 0 17 años estén emancipados y tengan menores o personas con discapacidad a su cargo.

“Pedimos a la delegada provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Berrocal, que se ponga de lado de las familias que a día de hoy perciben estas ayudas en nuestra tierra y le haga ver a la consejera del ramo que la Renta mínima andaluza es un derecho ciudadano reconocido por Ley en Andalucía y cuya eliminación, además, puede acabar en los juzgados, salvo que modifiquen esta norma y establezcan una nueva cobertura de la renta mínima andaluza”, ha indicado.

“Trabajo sucio” para los ayuntamientos

Tras reclamar un compromiso “nítido” en este asunto, Sánchez Rubio ha lamentado además que el Gobierno andaluz pretenda cargar a los ayuntamientos de la provincia con el “trabajo sucio”, al tener que dar la cara por la Administración autonómica al informar a las familias y paralizar las solicitudes de las prestaciones.

Además, ha censurado, que recomienden en la notificación enviada a los consistorios que “en la información facilitada a las personas interesadas se priorice la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, supeditando las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a aquellos supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del Ingreso Mínimo Vital o supuestos en los que claramente la normativa no permita el acceso”.