El sector del taxi respalda a Raquel Ruz tras el aviso de desobediencia del juez por las multas a los Uber
- La Gremial del Taxi sostiene que sin las regulaciones y las multas se «permite que un número indefinido de vehículos sin autorización allane a su antojo todos los accesos y vías restringidas al tráfico rodado»
La Gremial del Taxi de Granada defiende al Ayuntamiento de la ciudad y considera que el Gobierno local «hace su trabajo y cumple las normas» al multar a los vehículos VTC asociados a la multinacional intermediaria Uber que operan en zonas de acceso regulado de la ciudad. Por dichas sanciones, más de 800 según remitió la patronal VTC Unauto al juez, como adelantó La Voz de Granada el pasado 26 de abril, la concejala del área de Movilidad del Ayuntamiento, Raquel Ruz, podría enfrentarse a una querella y ha recibido un aviso de desobediencia desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la ciudad, al incumplir las medidas cautelares que el mismo juez, Antonio de la Oliva, dictó para impedir las prohibiciones de acceso contra los coches VTC por entender que les perjudican en su servicio respecto a los taxis.
La Gremial del sector del Taxi sostiene que esta permisividad hasta ahora amparada por la justicia solo «facilita que un número indefinido de vehículos sin autorización allane a su antojo todos los accesos y vías restringidas al tráfico rodado». Igualmente, señalan que determinados lugares «están vetados a todo vehículo, sea o no de transporte público, y que son denunciados si no les ha sido concedida la autorización previa». Autorización, esta última, que desde Unauto siempre han defendido que no es necesaria para sus coches «al prestar un servicio a los ciudadanos».
En este punto, los taxistas recuerdan que la actual Ordenanza Reguladora, así como el Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, fueron llevados a efecto teniendo en cuenta el número de vehículos, ya sean privados o de carácter público, que en el momento conformaban el parque móvil, habitante y flotante.
Aquí la Gremial defiende la política restrictiva del tráfico que ejerce el Ayuntamiento con visos medioambientales: «Aún sin tener grandes industrias, somos una de las ciudades más contaminadas de España y por eso nuestro Ayuntamiento está tomando y tomará nuevas medidas que palíen la polución que sufrimos, entre otras, las limitaciones de velocidad y restricciones de paso, cosas lógicas que observamos cómo suceden en otras muchas ciudades de nuestra geografía».
Si bien, en este capítulo tanto la flota automovilística del taxi, especialmente en Granada, como también la de los VTC, se caracterizan ya por un claro giro hacia la movilidad ECO -certificada por la DGT a través de las populares pegatinas- bien mediante tracciones híbridas, dominantes entre los taxis, o de gas licuado del petróleo (GLP), caso de los Fiat Tipo que componen en exclusividad el parque móvil de los coches asociados a Uber en Granada.
La Gremial, que se muestra «perpleja» por los acontecimientos que han llevado a la providencia judicial contra el área de Movilidad, añade que la concejala Ruz tiene toda la legitimidad para regular el comportamiento de los Uber: «La soberanía que un Estado democrático concede a sus gobernantes para regir y distribuir, en beneficio siempre de los ciudadanos que los eligen, creemos que puede y debe tener la potestad de legislar, decretar y dictar, para sin temor y con autoridad, llevar a cabo su labor durante el tiempo comúnmente establecido».
Al margen de la crisis de las restricciones, los taxistas también vienen denunciando el comportamiento ajeno a la propia regulación de las VTC que los coches asociados a Uber desarrollan cuando prestan servicio en la ciudad: como las deambulaciones en busca de interceptar clientes en ruta o el incumplimiento de la obligación de retorno a bases, situaciones identificables en el día a día de operativa de los vehículos Uber.
Desde Unauto, por contra, indican que no harán frente al pago de las multas mencionadas. El abogado de la patronal VTC José Andrés Díez, consultado por La Voz de Granada, ya alertó de que iniciarán un proceso penal contra la concejala Ruz «si no anula los procedimientos y suspende las multas hasta que se produzca una solución definitiva del caso». Díez también ha criticado a la responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Granada «por no creer en el Estado de Derecho e incumplir resoluciones judiciales».
