El TC admite el recurso contra el archivo de una denuncia de agresión policial en una manifestación
Stop Represión y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han informado de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado contra el archivo de una denuncia contra agentes de la Policía Nacional por su actuación durante una manifestación celebrada el pasado 23 de mayo de 2020 en Granada, en la que supuestamente retuvieron y golpearon a una mujer que paseaba a su perro cerca del recorrido de la marcha.
En su escrito, consultado por Europa Press, la denunciante mantiene que la actividad del juzgado de instrucción «se redujo a la solicitud de unas grabaciones y del atestado policial. Sin embargo, no se acordó la práctica de diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos, como son la declaración de la denunciante, de los agentes implicados en la detención y custodia o la emisión de informes forense de las lesiones» sufridas.
Ha presentado así un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por «violación de los derechos fundamentales a la integridad física y moral en relación con la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso con todas la garantías y uso de los medios pertinentes de prueba».
La denunciante mantiene en el escrito que «uno de los agentes le agarró del cuello, zarandeó, golpeó y pellizcó, manifestando que iban a sacrificar a su perro y amenazándole con frases como ‘en comisaría te vas enterar'». Acto seguido fue detenida sin ser informada de la causa y en el traslado al hospital, debido a las lesiones que presentaba, «otro agente le dio un bofetón en la cara, le sacó del coche a la fuerza y le tiró al suelo, tras lo que le propinó una patada en la parte baja de la espalda (…) todo ello por haber manifestado su disconformidad con una manifestación contra el Gobierno promovida por el grupo parlamentario Vox».
En un comunicado, las organizaciones que están acompañando a la denunciante en el procedimiento ha señalado que «este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó de nuevo al Estado español al constatar la ausencia de una investigación profunda y efectiva sobre las denuncias de un demandante de Pamplona que alegaba haber sido maltratado durante su detención incomunicada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Afirman asimismo que, «según los últimos datos ofrecidos por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, 102 funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplían condena en centros penitenciarios durante el año 2020. Aunque la mayor parte de ellos (41) se encontraban privados de libertad por acciones contra la libertad e indemnidad sexual, nueve estaban condenados por detención ilegal, siete por agresión con lesiones, seis por homicidio y uno por torturas o tratos inhumanos».
Las organizaciones celebran así la admisión a trámite del recurso de amparo y esperan que el Alto Tribunal «reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva y declare que se han violado los derechos fundamentales de la denunciante», que por tanto, «se revoquen todas y cada una de las resoluciones judiciales impugnadas y que promueva con su resolución, el cumplimiento de la investigación de los delitos de torturas o tratos inhumanos».
