El valor de lo público: el patrimonio y su gestión desde el Estado.

A lo largo de estas semanas la mayoría de los que estamos confinados buscamos formas de evadirnos de esta situación o intentamos ocuparnos en actividades que, de alguna manera, nos hagan sentir que este tiempo no es perdido. Entre las múltiples actividades a las que nos dedicamos, la presencia del arte, la creación o el estudio ocupan un gran porcentaje. El consumo de cultura se multiplica, pese a la clausura de las grandes instituciones y parada de personas que normalmente se encargan de gestionar esta rama del ocio.

Por suerte, el acceso a la cultura y al arte es hoy día algo que cada vez más gente puede permitirse, pese a la insalvable y maldita brecha económica, siempre presente y que sigue condenando a muchos al margen de lo que otros consideran normalidad.

El interés y la preocupación por la protección, conservación y comunicación del patrimonio histórico, artístico y cultural, surgen de una gestión enfocada a la salvaguarda de dicho patrimonio en el presente para asegurar su disfrute y estudio en un futuro.

Lejos de los privados gabinetes renacentistas, en los que nobles y burgueses coleccionaban todo tipo de artefactos, seres y piezas con el fin de observarlos y/o estudiarlos en su espacio privado, y lejos también de las colecciones privadas que los monarcas, clérigos y nobles atesoraban entre los muros de sus lujosas viviendas, en el siglo XVIII comienza a gestarse una preocupación por proteger el patrimonio desde los estados, para los ciudadanos.

En 1794, durante la República Francesa, La Convención Nacional promulgó un decreto en el que se afirmaba que era la comunidad la encargada y dueña de cualquier bien al que accediera la población. Esta puesta en valor nace acompañada de la conocida obra de Winckelmann, considerado uno de los padres de la Historia del Arte, así como las numerosas excavaciones arqueológicas que a principios del XVIII daría lugar a descubrimientos tan importantes como Pompeya o Herculano.

El interés que surge por proteger esos descubrimientos, así como el valor otorgado a ciertas obras, iría desarrollando a lo largo del siglo XVIII y XIX una gran profusión de tratados, documentos y manuales en torno a la conservación y la restauración de un patrimonio, que a priori se centraba en monumentos cuyo único valor residía en la antigüedad y su carácter artístico; cuestión que iría evolucionando y creciendo hasta tener en cuenta cuestiones como el entorno, la historia de la pieza, así como los valores arqueológicos, etnológicos o científicos… llegando así a una consideración más completa y cercana a lo que hoy día se conoce como patrimonio.

Toda esta reflexión en torno al patrimonio y su conservación eclosionaría en dos documentos imprescindibles en la historia de la conservación patrimonial. Por un lado, en 1931 se celebra en Atenas un Congreso impulsado por la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones, en el que se gestó la conocida Carta de Atenas. En dicho documento se destaca la defensa de la conservación como el instrumento idóneo para la duración. Por otro lado, se priorizó el carácter colectivo y el interés colectivo frente a los privados, y se establecieron una serie de criterios a seguir en las restauraciones, considerando los bienes históricos como un conglomerado de valores. La Carta de Atenas supuso el precedente de otros documentos, entre los que destaca La Carta del Restauro (1932), en la que se establecían criterios de intervención a tener en cuenta en el patrimonio italiano, y que más tarde se adoptó en otros países.

Como puede observarse, la puesta en valor de nuestro patrimonio ha requerido de años y años de investigación y debate que se acentuaron aún más con los horrores bélicos de principios del XX.

En España, durante los siglos XVIII y XIX los diferentes gobiernos y monarcas establecieron distintas medidas y documentos legales que establecieron las bases y avanzaron importantes legislaciones como la Ley de Excavaciones y Antigüedades, de 7 de julio de 1911, la Ley de Monumentos Arquitectónicos y Artísticos, de 4 de marzo de 1915 o el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, sobre Protección y Conservación de la Riqueza Artística. La llegada de la II República Española facilitó el progreso en diferentes cuestiones sociales, entre ellas, la protección patrimonial.

El 13 de mayo de 1933 se promulgó La Ley sobre Patrimonio Histórico, vigente hasta 1985. Este documento, herencia de todos los anteriores, y de las novedades teóricas abordadas en la citada Carta de Atenas, supone un antes y un después en la gestión patrimonial, tanto a nivel nacional como internacional, ya que se consagró como la primera ley de estas características.

Además de algunos cambios referidos al concepto de Patrimonio Histórico-Artístico, hay que destacar los principios de intervención generalizada y la función social asociada al patrimonio. Por primera vez en nuestro país, se reconocía el derecho de los ciudadanos a acceder al Patrimonio Histórico, así como la responsabilidad estatal de su puesta en valor, conservación y restauración, incluyendo aquellos bienes de titularidad privada (como ya se adelantaba en la ley de 1915).

La Segunda República ofrecía un marco constitucional que ayudaba a sustentar los preceptos de esta ley Patrimonial, en la que cabe destacar la presencia de lo cultural como algo público, algo de todos, hecho que se manifestaba en la imposición del deber de la conservación a aquellos poseedores particulares, los cuales tendrían la responsabilidad de pagar la conservación, así como el Estado tenía el deber de autorizar administrativamente cualquier intervención, o llevar a cabo expropiaciones, si así lo requería la situación.

Actualmente estamos viviendo la importancia que la gestión estatal de lo público (y lo privado) tiene en nuestro día a día. Vemos cómo dicha gestión puede asegurar que nuestros hijos vayan a la escuela, que nos atienda un médico cuando estamos enfermos, o que las fuerzas de seguridad controlen y respondan ante ciertas necesidades. La cultura es un bien de todos, y su conservación es clave para el conocimiento del pasado, y la comprensión del presente y el futuro. El Gobierno de la República se encargó de promover medidas que apoyaran la Sanidad Pública, como la Creación del Ministerio de Sanidad, o favorecer una escuela pública, laica y gratuita que pudiera atender a todos. De igual modo, sentó un precedente en legislación del patrimonio, que serviría de modelo en Europa y que se mantiene plenamente vigente.