Exigen la vacunación de los 55.000 trabajadores de Correos como colectivo esencial
- CCOO y UGT han afirmado que esta exclusión se debe a la política de mercantilización y abandono del concepto de Servicio Público implantada por su presidente
CCOO y UGT han denunciado que la plantilla de Correos no está incluida dentro de la estrategia de vacunación contra el COVID-19, como colectivo que presta un servicio público esencial. Han recordado que en la política de vacunación se ha incluido a colectivos que por su actividad laboral se consideran como esenciales para la sociedad. “Así, se han sumado a estas listas personas con trabajos relacionados con el ámbito sanitario y hospitalario, tengan o no contacto con el público, plantillas de residencias y centros penitenciarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como docentes o personal de emergencias”, ha explicado la secretaria de la sección sindical de Correos Granada, Juana Garrido, que no comprende, “cómo los trabajadores del servicio postal, en contacto directo con la ciudadanía, no se encuentran en estas listas”.
Los sindicatos entienden que es “imprescindible” hacer un orden de prioridad en el acceso a esta vacunación, pero que el personal de Correos “también debería estar incluido por prestar un servicio público”.
“Con independencia de que el Gobierno deba establecer las prioridades para estas organizaciones sindicales, cabe preguntarse porqué para este gobierno el servicio postal y sus más de 55.000 trabajadores y trabajadoras no son esenciales”, ha hecho hincapié Garrido.
Desde la acción sindical esto no es más que “el fruto de las acciones del presidente de Correos, que viene de la mano de la transformación de la empresa en una paquetera sin nombre que prima el valor de negocio frente al de servicio público a la ciudadanía”, ha afirmado la responsable sindical.
Así, CCOO y UGT exigen que el presidente de la entidad realice personalmente un posicionamiento público en el que pida la inclusión del colectivo de Correos en la estrategia de vacunación de colectivos esenciales. “Lo son por razones sociales y también sanitarias”, ha puntualizado Garrido.