Fiscales y abogados acuerdan impulsar las conformidades penales para agilizar la Justicia
La Fiscalía Provincial y el Colegio de Abogados de Granada han firmado un acuerdo para la aplicación de unos criterios y pautas uniformes en materia de conformidades en el ámbito penal que busca agilizar y dar mayor eficacia a la Administración de Justicia, especialmente en la nueva situación que se plantea por la crisis sanitaria de la Covid-19.
El acuerdo, impulsado en el seno de la Comisión Provincial de Reactivación de la Justicia de Granada, incluye parámetros concretos sobre las comunicaciones, plazos para realizarlas, interlocutores participantes y documentos por los que se articularán estos acuerdos de conformidad entre las partes implicadas en cualquier fase del procedimiento penal previa a la celebración del juicio.
«Este acuerdo es una vieja aspiración del Colegio de Abogados de Granada con el que fiscales y letrados vamos a disponer de una exhaustiva guía para llevar a cabo las conformidades de forma ágil, lo que va a redundar en la reducción del colapso de la Justicia y, por tanto, en la prestación de un mejor servicio para toda la ciudadanía», ha señalado el decano de la Corporación profesional, Leandro Cabrera, encargado de firmar el documento junto al fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente.
«Con este acuerdo se pretende lograr una mayor eficacia al convenio firmado en 2009 entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española para conseguir mayor número de conformidades y alcanzarlas antes», ha añadido el representante del Ministerio Público.
Esta figura jurídica, que permite la solución consensuada entre las partes en procesos penales con penas no superiores a seis años de prisión, está prevista en la ley. Solo en 2019 se alcanzaron en torno a 3.400 sentencias por conformidad en la provincia.
No obstante, en la práctica, los acuerdos se producían habitualmente instantes antes del juicio. A partir de ahora, con el nuevo acuerdo, se establece un marco de actuación que facilita la conformidad en las fases iniciales del procedimiento -sin perjuicio de que se pueda producir en cualquier momento previo a la vista oral- y evade la necesidad de llevar a cabo trámites administrativo y señalamientos de juicios innecesarios por parte de los operadores jurídicos.
De hecho, el límite temporal aconsejable máximo para proponer y tramitar completamente la conformidad será el de diez días hábiles antes de la fecha señalada para la vista oral, con algunas excepciones en atención a las circunstancias de complejidad del caso.
