Granada, por dividida vencida

De nuevo unas elecciones municipales ponen ante los ojos de media Granada la sinrazón de no poder elegir plenamente a nuestros más directos gobernantes. Granada es una ciudad de medio millón de habitantes, dividida, por razones históricas hoy artificiales, por obsoletas, en más de 30 municipios, cada uno con su alcalde, su urbanismo, sus impuestos, su política cultural y deportiva y hasta su propia policía. Todo regulado por sus ordenanzas, cuidadosamente compartimentada la soberanía por límites precisamente trazados.

Luego llega la realidad y en un par de días, cualquier granadino pasa por el cine en Pulianas, el gimnasio en Maracena, un trabajo en Armilla o Albolote o un espectáculo en Atarfe y quizá una celebración en Monachil, con buen Pan de Alfacar y vino de Huétor. Sin olvidar las gestiones en la capital, cruzamos en una semana decenas de veces los límites de municipios que son ya de facto barrios de Granada.

Resulta absurdo y hasta paradójico desde el punto de vista democrático que no podamos elegir o censurar con nuestro voto al alcalde que puso en marcha el mamotreto del Nevada, con sus atascos y el daño al pequeño comercio, que no tengamos nada que decir sobre la forma en que se actúa en los límites de Sierra Nevada o exigir responsabilidades por el estado de nuestros polígonos industriales. De igual manera, todas las gentes del entorno metropolitano saben del efecto directo sobre sus vidas que tendrá quién sea el futuro alcalde de Granada, de cuya elección están totalmente excluidas.
Lo de menos es este déficit democrático. Es más importante el despilfarro de recursos públicos que conlleva. No voy a defender, desde luego la disolución de las corporaciones municipales. Soy firme defensor de la subsidiariedad como forma óptima de gestión y el coste de los gobiernos locales es un porcentaje ridículo de los presupuestos, comparado con el servicio de gobernanza que prestan. Sin embargo, debemos pensar en las oportunidades en términos de economías de escala que estamos desperdiciando con esta fragmentación.

A nadie se le ocurriría poner un hospital o una universidad cada diez mil habitantes. Igualmente, debemos preguntarnos cual es el tamaño óptimo de jurisdicción para una importante serie de servicios y políticas municipales que se vienen prestando de forma atomizada y con eficiencia más que mejorable en nuestra gran Granada. Preguntarnos si no nos traería más cuenta a la ciudadanía otra forma de gobierno: una en la que estas cuestiones se prestaran de forma unificada y en la que pudiéramos elegir democráticamente a sus responsables.

Universidad, transporte público, promoción turística, política de empleo, uso de recursos naturales como la Vega… hay una decena larga de políticas y servicios públicos que piden a gritos una gestión Metropolitana más eficaz que los cortijillos municipales. La lógica del Área Metropolitana como jurisdicción óptima se está imponiendo, pero de forma no democrática: por ejemplo en el abastecimiento y depuración de agua, que es prestada a tres cuartas partes de la población del área por Emasagra, sin que los habitantes de municipios distintos de Granada puedan decir ni pío de la forma en que se gobierna una empresa, que en parte es pública, pero en la que sólo tiene voto el ayuntamiento de la capital.

Granada es por derecho propio la séptima ciudad de España, tan sólo superada en población en Andalucía por Málaga y Sevilla y en el resto del Estado por Madrid y capitales autonómicas como Zaragoza, Barcelona y Valencia. Ese es el lugar que nos pertenece objetivamente, por más que, condicionados siempre por esa maldición de la mirada pequeña, tan granadina, hayamos decidido auto limitarnos. ¿Se habría maltratado con la desconexión ferroviaria a una Granada Metropolitana empoderada al nivel de una de estas grandes ciudades?

Abogo, obviamente, por la constitución legal y política del Área Metropolitana de Granada. Con personalidad jurídica y autogobierno, como se nos prometió en el Estatuto de Andalucía y nunca se cumplió. Nos va en ello recuperar la grandeza de Granada, de la que todas nos sabemos parte. También limitar algunos intereses particulares, que viven y medran muy cómodos al amparo de la división del poder político en pequeños gobiernos locales con los que negocian y contratan desde una posición de superioridad.