Grupos afean a la Junta incumplimientos en Igualdad y seguridad TIC hallados por Cámara Cuentas, así como gestión fiscal

PSOE-A, Unidas Podemos y VOX han reprochado este martes los incumplimientos de la Junta de Andalucía detectados por la Cámara de Cuentas en el ejercicio de 2020, fundamentalmente la carencia de vigencia de planes estratégicos de Igualdad, la no aprobación del plan de reordenación del sector público instrumental, o que el 43% de entidades de la Junta no disponían de politicas de seguridad TIC. Asimismo, han afeado la gestión fiscal durante ese marcado, marcado por la aparición del Covid, lo que, en opinión de algunos partidos, no explica todas las modificaciones presupuestarias que se realizaron.

La gestión fiscal durante 2020 de la Junta ha sido analizada con lupa en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, donde ha comparecido la presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Carmen Núñez, para presentar ante las fuerzas políticas los resultados de informe de fiscalización a la gestión del gobierno regional.

Núñez ha repasado los incumplimientos detectados en ciberseguridad, planes de Igualdad, así como los reportes de algunas agencias, además del estado de las cuentas, cuestiones en las que se han centrado en sus intervenciones los portavoces de PSOE y Unidas Podemos.

«Lo que se pone de manifiesto es que el Gobierno del cambio no ha supuesto ninguna revolución administrativa o de gestión», ha apuntado el socialista Antonio Ramírez de Arellano, quien ha subrayado que la Junta «no cumple con las recomendaciones del informe del ejercicio anterior, solo el 10% de ellas han sido aplicadas total o sustancialmente», además de considerar que dentro de los «enormes cambios» en el Presupuesto de ese año acometidos por la pandemia «algunos son justificados y otros no».

En este sentido, ha señalado que el endeudamiento creció «en cerca de 1.000 millones» con respecto a 2018, durante la anterior Junta. «No se observan avances relevantes en mejora de gestión», ha agregado, aludiendo a las «facturas en el cajón» que faltan por abonar y que suponen «unos 730 millones». También ha apuntado que la Junta no ha hecho «magia» en lo referido a empleados públicos, que habían aumentado en cerca de 30.000 en 2020 como efecto de la pandemia, para reforzar Sanidad y Educación, «aunque hay que lamentar que luego el gobierno los ha ido despidiendo, cuando es una necesidad estructural».

«Dejamos la deuda en 22% del PIB y en 2020 era el 24,1% del PIB», ha criticado el socialista, que ha apuntado que esa diferencia supone «650 millones de euros más», antes de criticar los incumplimientos detectados por la Cámara de Cuentas.

Precisamente sobre este apartado se ha centrado la intervención del diputado de Unidas Podemos Guzmán Ahumada Gavira, quien también ha destacado que «se incumple una promesa que fue vendida a bombo y platillo de esa reordenación del sector público». «Se incumple porque cuando llegaron al gobierno bajo el falso pretexto de la organización fueron a destruir todo lo público y luego vieron cómo son necesarias para desarrollar las competencias», ha expuesto. Ahumada se ha centrado además en las cantidades pendientes de justificar, «más de 1.000 millones».

Las críticas han llegado también desde VOX, con la diputada Ángela Mulas reclamando más medidas para «recuperar la totalidad de los recursos públicos» y cuestionando el «aplazamiento de la deuda a UGT, lo que le permite seguir recibiendo subvenciones». Asimismo, ha apuntado que desde su partido no se van a «apoyar gestiones que disparen la deuda pública». A juicio de la formación, «este gobierno mantiene la administración paralela de la Junta».

Ante estos señalamientos el portavoz del PP, Pablo Venzal, ha destacado que la deuda pública por habitante «ha disminuido un 0,5%» y ha elogiado la «prudencia» en la gestión: «Si hay una Consejería que ha hecho los deberes es Hacienda», ha enfatizado. En este sentido, ha destacado que «había cuentas pendientes de cobro imposibles de recuperar», asegurando que «algunas eran de hace 20 años», y ha afirmado que «se ha mejorado en la transparencia».

Sobre la reestructuración en entes instrumentales, ha comentado que hay en ellos 1.294 trabajadores menos «que nada tienen que ver con los servicios esenciales» y que han salido «por puestos innecesarios» o «jubilaciones». «No ha habido ni un solo despido», ha asegurado Venzal, quien a cambio ha apuntado que hay «952 trabajadores más en el SAS». «Eso es reestructurar», ha defendido. Para el portavoz, la actual Junta «no merece la crítica que desde el sectarismo se le está haciendo».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha remarcado que el Gobierno andaluz está «en línea con una gestión eficiente, a pesar de los tiempos que vivimos», y ha recordado que la aparición de la pandemia obligó a «modificaciones presupuestarias importantísimas, pero era necesario». Durante su intervención, además, ha apuntado que la rebaja impositiva ha provocado «una subida de la recaudación».