Hoy se juzga al exalcalde de Cogollos Vega por supuesta prevaricación en unas obras

La Fiscalía ha solicitado siete años de prisión y 19 de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Cogollos Vega (Granada), el independiente Francisco Luzón, por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en relación a unas obras vinculadas al Programa de Actuación de Infravivienda de la Junta de Andalucía.

El juicio contra él arranca este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Granada y también se sentará en el banquillo de los acusados el constructor al que inicialmente se le adjudicaron los trabajos y una tercera persona, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos sucedieron a raíz de que, en diciembre de 2005, la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes declarara el ‘Barrio ‘Árabe’ de Cogollos Vega como Zona de Actuación de Infravivienda, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de determinadas viviendas para propiciar la integración social y el mantenimiento de la población en su barrio de residencia.

Para el proyecto se establecieron dos fases de actuación de 20 y 30 viviendas con un presupuesto global de 453.610 euros. De las 20 primeras se adjudicaron 16 a la empresa de construcción de la que es administrador único el segundo acusado, identificado como F.R.G.

No obstante, para una de las viviendas el entonces alcalde decidió, en beneficio de la empresa y en perjuicio del Ayuntamiento, que se contemplara en el proyecto que las actuaciones previas, consistentes en la demolición del tejado y la planta superior, las iba a realizar el propietario justo antes de la obras.

No obstante, la propietaria de la vivienda desconocía esta decisión porque no se le dio el proyecto para que lo firmara, como es preceptivo en este caso, ni fue informada del asunto, mientras que en el contrato tampoco se mencionaban estos trabajos previos a cargo del propietario y con un coste de 21.115 euros.

Así las cosas, el fiscal acusa al alcalde de firmar el 14 de febrero de 2011 en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) dos contratos con el marido y el hijo de la propietaria de la vivienda afectada para realizar estos trabajos en la casa sin la cobertura de ningún expediente. Los trabajadores fueron «ajenos» a esta maniobra y «se limitaron a cumplir con el encargo que les dio el alcalde». El gasto total fue de 9.214 euros que fueron abonados por el ayuntamiento por orden del alcalde mediante la emisión de tres cheques firmados por él, con el consiguiente ahorro para la empresa, que es en realidad quien debería haber ejecutado los trabajos y se encontraba a la espera de que finalizaran para empezar los suyos.

Más allá de este hecho objetivo, el fiscal mantiene que no se ha podido determinar que el constructor hubiera acordado con el alcalde esta maniobra o fuera conocedor de la misma.

El fiscal sí acusa a este empresario de haber presentado al Ayuntamiento para su cobro facturas falsas de trabajos que no realizó para obtener un enriquecimiento ilícito a costa de las arcas municipales, si bien el consistorio las rechazó y le rescindió el resto de contratos del programa de infravivienda.

Así las cosas, el empresario debía por distintos contratos y reclamaciones 356.684 euros al ayuntamiento, al que a su vez reclamaba 95.700 euros por diversas facturas. Para poder hacerse con este dinero, puesto que si hacía cuentas con el ayuntamiento se compensaría parte de su deuda y no podría recuperarlo, se inventó que había recibido un préstamo personal de un tercer procesado en la causa y que cedía para su pago los créditos que tenía con el ayuntamiento, de modo que esta persona pudiera reclamar al dinero al consistorio. El Ayuntamiento rechazó la petición por entender que las deudas «eran inexistentes» y que la reclamación podría «constituir un delito».

La Fiscalía acusa al constructor de delitos de falsedad en documento oficial, de tentativa de estafa y contratación simulada por los que pide tres años y seis meses de cárcel y el pago de una multa. Solicita otros dos años de cárcel para el tercer acusado por contratación simulada.