IU exige a la Junta la adecuación de las aulas ante la ola de frío
- Subrayan que las medidas de ventilación adoptadas durante el otoño “son incompatibles con la protección de la salud de alumnos y profesores” y reclaman una “bajada de ratio urgente”.
Izquierda Unida ha exigido a la Junta que cumpla con lo aprobado por el Parlamento andaluz en la Ley de Climatización y “adecue las aulas y los espacios educativos para el invierno, asegurando además las medidas anti-Covid y protegiendo la salud de alumnos y profesores”.
Tal y como han denunciado tanto sindicatos como comunidad educativa y numerosos consistorios de la provincia, desde la formación han recalcado la “imperiosa necesidad” de que se lleven a cabo las inversiones necesarias para poder garantizar clases no presenciales y on line “donde sea imposible garantizar un ambiente seguro”. Desde la formación han señalado la negativa del Gobierno de Bonilla a la bajada de la ratio como uno de los principales hándicaps a la hora de acudir a las aulas con las garantías sanitarias exigibles.
Por otro lado, han rescatado que el propio Gobierno andaluz está “echando por tierra” todos los acuerdos recogidos en la ley de bioclimatización aprobada por el Parlamento andaluz. Así, la diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha afeado al gobierno Bonilla que en plena ola de frío y con el telón de fondo de la pandemia, “no equipe las aulas con sistemas de climatización para combatir esta situación, ya que, si nos atenemos a la ley, no se puede estar a menos de 17 grados”. En su lugar, Pérez ha explicado que el Ejecutivo andaluz “hace oídos sordos” y deja en manos de los centros o las AMPAs el estudio de todo tipo de medidas y propuestas para combatir el frío y mantener la seguridad en las aulas.
Pérez ha subrayado el contenido del artículo 1 de la Ley 1/2020, de 13 de julio, por el que se regulen las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos “mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables” y donde se insta a garantizar “condiciones de habitabilidad y confort térmico en las infraestructuras del sistema educativo”. Además, ha rescatado también, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud y donde se detalla que “la exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores”.
El texto jurídico también ha sido defendido por el parlamentario granadino de Adelante Andalucía, Chus Fernández, “ateniéndonos a la ley, la temperatura en los locales donde se realicen trabajos sedentarios no podrán bajar de los 17ºC y la humedad deberá oscilar entre el 30 y 70 por 100, parámetros que a día de hoy no se cumplen en nuestros centros educativos”.
Por ello, desde la formación han reclamado a la Junta que las medidas para preservar la salud de la comunidad educativa contra la COVID se adapten a la bajada brusca de temperaturas y, en caso de no poder garantizar por medios técnicos un ambiente seguro de trabajo, “la Consejería de Educación decrete la suspensión temporal de la enseñanza presencial, activando los mecanismos de enseñanza no presencial previstos por cada centro escolar en los protocolos COVID aprobados”.
A juicio de la coordinadora provincial, contar con una ratio tan elevada favorece el hacinamiento y el peligro del aumento contagios. “No entendemos cómo el Gobierno andaluz no toma medidas; las clases telemáticas suponen una vía de escape a este escenario, pero en una sociedad tan competitiva y con un mercado laboral tan precario, esta solución resta calidad y arroja dudas sobre el adecuado desarrollo educativo de los alumnos y alumnas”.
Pérez ha instado a Bonilla a que siga la senda europea y considere la Petición del Parlamento Europeo que aboga para que la Comisión Europea cavile la reducción de la ratio de alumnado por aula y el aumento del número de profesorado en todos los niveles educativos dentro del diseño del Espacio Europeo de Educación.
