Junta lleva el lunes a Consejo de Universidades el nuevo modelo de financiación y PSOE señala que pierden un 5% anual

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha anunciado este viernes durante una comparecencia parlamentaria que el próximo lunes el Gobierno andaluz lleva al Consejo Andaluz de Universidades el nuevo modelo de financiación para las universidades públicas del periodo 2022-2026, del que ha destacado su cláusula de salvaguarda, que garantiza a éstas percibir el 95% de la contribución que reciben del actual modelo.

Este clásula, similar a la existente en el modelo de financiación de las comunidades autónomas, lo ha criticado el PSOE por medio de su diputado Antonio Ramírez de Arellano al apuntar que las universidades perderán un 5% anual de sus recursos actuales, por lo que ha concluido que «el objetivo» del actual Gobierno andaluz es «debilitar las universidades públicas». «Ya veremos por qué y para qué», ha apostillado, pretensión que ha situado como «objeto de otra comparecencia».

Velasco, durante una comparecencia parlamentaria en comisión, ha expresado su deseo de que el nuevo modelo de financiación de las universidades «sea aprobado lo antes posible y pueda reflejarse en los presupuestos del año próximo», mientras que ha sostenido que la propuesta entraña hacer de Andalucía «una comunidad pionera» por desarrollar una financiación donde una parte de los fondos se distribuyen a través de indicadores.

Una vez que el nuevo modelo de financiación se lleve al Consejo Andaluz de Universidades, para obtener de este órgano de interlocución un informe preceptivo, se llevará al Consejo de Gobierno.

Según las explicaciones del consejero de Transformación Económica, el nuevo modelo se estructura en dos fases: en la primera, se formulan las bases del modelo, que prevé el marco general de la financiación ordinaria y determinará la forma de reparto; mientras que en la segunda, se especificarán las variables para asignar los recursos.

Los datos proyectados por Velasco indican que la financiación básica supone el 90% del total de los recursos, para la cobertura de los gastos de personal y de funcionamiento, así como una parte de ésta buscará propiciar la convergencia entre las universidades. El 10% de la llamada financiación estratégica se orienta a mejorar los resultados docentes y de investigación, aunque serán las universidades las que determinen su reparto según sus necesidades.

Velasco ha reivindicado que el Gobierno andaluz lleva trabajando en este nuevo modelo de financiación desde diciembre de 2019, cuando traslada a los rectores una propuesta inicial, calendario de trabajo que ha alterado la incidencia de la pandemia de coronavirus.

La intervención del consejero de Transformación Económica ha defendido sobre el nuevo modelo de financiación que trae consigo «vincular los incentivos al rendimiento y la excelencia, aunque garantizando los costes básicos», aspiración que ha circunscrito a los modelos del entorno europeo, mientras que ha sostenido que el modelo aún vigente tenía como única aspiración «cubrir costes exclusivamente», pensando más en «la cantidad que a la calidad».

El consejero, quien ha recordado que el actual modelo corresponde al período 2007-2011 y ha ido siendo prorrogado hasta 2016, ha defendido que el Gobierno andaluz destina en 2021 1.516 millones de euros, al tiempo que ha blandido el incremento anual del presupuestario universitario del Ejecutivo autonómico, que ha ido creciendo un 2,4%, en 2019; un 5,2%, en 2020; y un 3,3%, en 2021.

Tras subrayar que el incremento presupuestario en universidades ha sido de 156 millones respecto a 2018, un 11,4% más, ha apuntado que el gasto universitario andaluz sobre el PIB, que es de un 1,11%, es superior en un 42% sobre la media de España.

Otros hitos de la gestión que ha esgrimido Rodrigo Velasco han apuntado a un aumento de la plantilla universitaria, 1.151 más efectivos; haber destinado 190 millones a inversiones hasta 2023; el abono de una deuda de 180 millones; o destinar 61 millones de euros para afrontar el gasto ocasionado por el coronavirus.

Velasco ha apuntado que «la universidad no es un chiringuito independiente, debe rendir cuentas a la hacienda central» tras reprochar una concepción de la financiación universitaria donde «yo gastaba y pagaba otro», de manera que después «envían la factura para que después paguemos la Consejería Hacienda o mi Consejería». «No podíamos seguir así por incoherente», ha apostillado.

PSOE: se pone en riesgo la estabilidad del personal

Ramírez de Arellano ha considerado sobre el nuevo modelo de financiación que pone en riesgo la estabilidad del personal, tanto el docente como el de Administración y Servicios (PAS), a lo que ha sumado el programa de bonificación de las matrículas al 99%, una vez que se han aprobado todas las asignaturas matriculadas en el curso anterior.

El diputado del PSOE ha exigido a Velasco que «debería defender a las universidades, pero hace ya tiempo que ha renunciado a ello», mientras que ha puesto el acento en que la búsqueda de la convergencia entre las universidades se haga a costa de rebajar hasta un 10% de la financiación básica operativa, por lo que ha concluido que «la mejora estructural de unas universidades la pagan el resto de las universidades, no el Gobierno», así como ha cifrado en un recorte anual de la financiación de las universidades de 30 millones anuales, por lo que ha concluido que el recorte es de casi 100 millones desde 2019.

El parlamentario del PP, Ramón Herrero de las Heras, ha defendido que «nadie puede discutir que el modelo nace del diálogo», así como ha elogiado a Rogelio Velasco al argumentar que «es valiente al afrontar» el cambio de modelo de financiación tras apuntar que «lo fácil y lo cómodo es prorrogar el modelo como han hecho los gobiernos anteriores», mientras que ha indicado que «la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) pide al Ministerio un modelo muy parecido al de Andalucía».

La diputada de Ciudadanos, Concepción González Insúa, ha subrayado el hecho de que el peso de la financiación universitaria en el PIB andaluz supere en un 42% a la media española, por lo que ha concluido sobre «la apuesta decidida» del actual Gobierno andaluz para afirmar que «la cláusula de salvaguarda es una garantía» para las universidades.

«No estamos nunca de espaldas a las universidades», ha afirmado, «y usted menos que nadie, que viene de la Universidad y es sensible», ha dicho González Insúa en referencia al consejero.

El parlamentario de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, quien ha aludido en su arranque «al recorte de 135 millones de euros» que vivieron las universidades en sus remanentes, mientras que ha apuntado que las dudas de los rectores, según expresaron el 11 de mayo, persisten sobre el primer documento que les presentá la Consejería en diciembre de 2019 al argumentar que «no recoge las directrices de la Ley Andaluza de Universidades».

«Ni uno ni otro dan certidumbre», ha expresado Ahumada, quien ha estimado que «este segundo documento no entra a garantizar los capítulos I y II» de la financiación de las universidades, relativos a los gastos de personal y corrientes.

El parlamentario de Vox, Macario Valpuesta, ha elogiado que la fórmula de aprobación del nuevo modelo de financiación de las universidades entraña que «las bases las aprobará el Consejo de Gobierno», mientras que la parte variable se hará mediante una orden del consejero de Transformación Económica, por entender que así se garantizará la flexibilidad y agilidad.

Valpuesta, quien ha apuntado que los rectores han trasladado que el nuevo modelo «no se corresponde con la Ley Andaluza de Universidades», ha reclamado a la Junta de Andalucía «un esfuerzo ambicioso con la Universidad», al tiempo que ha instado al Gobierno andaluz a que «debe saber defender su modelo y explicarlo» al indicar que «los recursos son limitados».