Junta rechaza bajar precio del alquiler de vivienda por ser «intervencionismo» y pide hacer más vivienda pública
El Gobierno andaluz ha expresado este martes en rueda de prensa su rechazo a acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler en manos de grandes propietarios, como han acordado PSOE y Unidas Podemos a través de una Ley de la Vivienda.
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha manifestado que «este Gobierno está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación» y ha abogado como medida alternativa a rebajar el precio del alquiler «construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, Bendodo se ha mostrado con cierta cautela para pronunciarse sobre el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos tras apelar a que «se acaba de anunciar y lo primero es conocer el acuerdo, la letra pequeña», para seguidamente poner de manifiesto que esta estrategia de intervención pública en el mercado de la vivienda, «de poner límites, ya ha fracasado en otros países» y ha abogado por que «no venga nadie a inventar la pólvora».
Bendodo ha esgrimido los resultados de la Comunidad Autónoma como fórmula alternativa para subrayar que «en Andalucía existen 3.000 viviendas más en alquiler gracias al Plan Vive».
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
Establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales» para poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo que se topó el lunes la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de «privilegios fiscales».
También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.
