Justicia energética
En dos ocasiones anteriores me he referido en este espacio al asunto de la energía, de su necesaria transformación en sostenible, de la renovación urgente de sus fuentes y de la imperiosa necesidad de que la agenda política global, europea, nacional, autonómica y local se ocupe, de manera muy preferente, de cómo afrontar, un reto de dimensiones colosales que amenaza con acabar con la vida en el planeta, tal y como la conocemos, Sin exageraciones, ni alharacas, sino con todo el rigor y seriedad que exige el ser conscientes de que estamos llevando nuestro planeta (el único que tenemos) al tope de resistencia.
En una de las anteriores reflexiones al respecto citaba el dato oficial de que en el horizonte del año 2030, España precisaría de una inversión en torno a 200.000 millones de euros para acometer la transición energética, que «descarbonizara” nuestra economía y produjera los cambios sociales y de consumo necesarios para transitar hacia una economía verde y limpia. De momento, hay una buena noticia al respecto, que son los Fondos Europeos para la Recuperación, que dotarán los presupuestos de las diferentes administraciones de una ingente cantidad para invertir en infraestructuras y políticas claramente verdes, equilibradas y reparadoras de los efectos que supondrá la transición energética (que lógicamente los tendrá). Una buena noticia que haríamos bien, como sociedad, en aprovechar, con pedagogía política y ciudadana y transparencia a la hora de abordar los retos que se nos avecinan. A modo de ejemplo, hay que analizar las consecuencias que para determinados territorios supondrá el cierre de una mina de carbón o una central nuclear. Estas hay que cerrarlas, pero hay que prever las consecuencias y las soluciones. Y tanto el cierre como las alternativas cuestan dinero. Mucho dinero. Esto no es ninguna broma ni ningún eslogan, ni mucho menos una carrera de frasecitas como en la que está inmerso el alcalde de Granada, que si el “top del compromiso ambiental” o el ”top de árboles que luego no está claro quienes mantendrán”. Esto es mucho más serio.
Tan serio que no se podrán acometer las grandes transformaciones, si antes no logramos que exista, de partida, una autentica justicia energética, una verdadera igualdad en el acceso a las fuentes energéticas básicas. Y eso empieza en lo local. Por eso, destacar el gesto valiente de varios colectivos vecinales, asesorados por el PSOE de la ciudad, denunciando un hecho que nos remonta a mediados del siglo pasado, que es la falta de suministro eléctrico domiciliario, causada por unas infraestructuras anticuadas e insuficientes, y por una empresa suministradora incumplidora de su obligación básica, que es garantizar dicho suministro a los usuarios que cumplen con su obligación de abonar el recibo. Estamos ante el abc de la prestación de los servicios, y por encima de todo, hay que exigir que la empresa cumpla, de manera voluntaria o de manera forzada, pues las administraciones (en este caso, la autonómica) tienen la potestad de supervisar y en su caso sancionar el incumplimiento de las obligaciones. Si hay que renovar, mejorar o ampliar las infraestructuras energéticas, hágase, por cierto, sin tanto autobombo publicitario. Hablamos de una obligación contractual y legal, no de una generosa aportación.
Me parece bien que se exija de todas las administraciones el cumplimiento de sus potestades y competencias. Me parece aún mejor que la empresa suministradora cumpla con su obligación ineludible de suministrar energía eléctrica a todos y cada uno de los usuarios que cumplen con su obligación de pagar. Si para ello ha de invertir en infraestructuras, o en la seguridad de las mismas, inviértase. Ineludible e inequívocamente. Resulta de una justicia elemental. A partir de ahí, ya podremos plantear nuevos retos, nuevas inversiones limpias que, sin la menor duda, supondrán nuevos y suculentos ingresos para las empresas suministradoras. Y de paso, unos precios más económicos para los usuarios, que eso es también justicia energética.
