La Audiencia delibera sobre la sentencia que anuló el congreso del PP, pero no notifica su decisión
- Algunos de los afiliados del PP se preparan para evitar que su formación acuda al Tribunal Supremo, haciendo las gestiones para rehacer el Congreso
La Audiencia de Granada ha deliberado este jueves sobre el recurso que la dirección provincial del PP ha presentado contra la sentencia que ha dejado sin efecto por supuestas irregularidades el último Congreso Provincial de este partido, donde Sebastián Pérez salió reelegido presidente.
Concretamente, los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial han procedido a la deliberación y fallo a puerta cerrada sobre el recurso, si bien la decisión no se notificará a las partes hasta más adelante. Pese a ello, fuentes cercanas al proceso han indicado a La Voz de Granada que la Audiencia ha ratificado «absolutamente todo los hechos privados de la de instancia». Pese a la falta de datos oficiales por el momento, indican que sí que se conoce que han condenado de nuevo al Partido Popular a pagar los costes del juicio.
Los procuradores aún no tienen la sentencia. Sin embargo, en el PP se han iniciado ya movimientos para evitar acudir al Tribunal Supremo y que se haga el Congreso. Así, algunos afiliados han llegado incluso a formar un grupo para exigir que con sus cuotas no se pague el recurso al Supremo «para defender esas ilícitas conductas «.
El Juzgado de Primera Instancia 7 de Granada dejó sin efecto en septiembre de 2018 el XIV Congreso Provincial del PP de Granada que se celebró el 20 de mayo del año anterior y en el que Sebastián Pérez salió reelegido como presidente, y acordó retrotraer el proceso a su inicio por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación.
La sentencia se produjo a raíz de la demanda que presentó Juan García Montero, hasta el pasado mandato concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, por supuestas irregularidades en este proceso congresual, en el que aspiró a liderar el partido.
El juez estimó íntegramente su demanda contra el PP de Granada y declaró la nulidad de una Junta Directiva Provincial en la que se abordaron asuntos vinculados al congreso , dejando sin efecto la convocatoria del mismo, «así como todo el proceso congresual celebrado posteriormente», acordando retrotraer el congreso a su inicio, debiendo convocarse de nuevo la Junta Directiva Provincial.
Durante el juicio, varios cargos del PP de Granada reconocieron ante el juez que no se revisó que los afiliados estuvieran al corriente de pago de las cuotas para votar en el congreso provincial de la formación. A este respecto, en la sentencia, consultada por Europa Press, se resalta que, de acuerdo al reglamento del congreso y a lo recogido en los estatutos, era obligatorio estar al corriente de pago para poder votar.
García Montero también solicitó la nulidad de los acuerdos del Comité Organizador del Congreso sobre la distribución de los compromisarios y del acuerdo sobre la forma de acceso para la consulta del censo de afiliados.
