La Cámara de Cuentas constata «incumplimientos» por demoras en listas quirúrgicas de hasta el 26% en la sanidad andaluza
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha determinado que el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) «incumple» la normativa que regula los procedimientos con garantía en el tiempo de respuesta de 90 días en las listas de espera quirúrgica, que se sitúa el 26 por ciento de demora.
Según el informe de ‘Fiscalización de la Gestión de la Lista de Espera Quirúrgica en el SSPA’ difundido en un comunicado por la Cámara de Cuentas, incluido en el Plan de Actuaciones de 2019 y recogido por Europa Press, la entidad ha asegurado que el porcentaje de inscripciones con demora, del total de los hospitales del SSPA, alcanza un 26% en los procedimientos con garantía de respuesta de 90 días, un 19% en los de 120 días y un 10% en los de 180 días, con promedios de demora en días que alcanzan los 26, 40, 45, respectivamente.
La Cámara ha realizado este análisis en base a los instrumentos de planificación y medidas de mejora y de actuación, una conclusión en la que ha indicado que los Contratos Programa (CP) y los Acuerdos de Gestión Clínica correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2019, «no recogen toda la información necesaria para una adecuada planificación, seguimiento y toma de decisiones en relación con la gestión», algo debido a la «ausencia» de objetivos e indicadores propuestos «relacionados con la organización de los recursos para la actividad quirúrgica y con la financiación destinada al control de la demanda y reducción de los tiempos de demora».
Este análisis se ha realizado en base a los datos obtenidos de los hospitales de Poniente (El Ejido, Almería), Puerto Real (Cádiz), Montilla (Córdoba), Baza (Granada), Riotinto (Huelva), San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén), Virgen de la Victoria (Málaga), Virgen Macarena y Virgen del Rocío (Sevilla).
En este sentido, tras resaltar que en los CP se establece como indicador que no debe superarse el 10% en el año 2018 y el 5% en el 2019 de los pacientes transitoriamente no programables (TNP) para cada una de las especialidades, la Cámara de Cuentas ha explicado que, durante el periodo que se fiscaliza, salvo el hospital Virgen de la Victoria, el resto superan el 5% de pacientes en situación TNP para los procedimientos en la garantía de plazo respuesta.
Asimismo, ha afirmado que los hospitales, salvo contraindicaciones o patología del paciente, «deben limitar en su ámbito las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria por criterios de eficacia para reducir la demanda quirúrgica».
Por otro lado, y en referencia al nivel de eficacia y control interno de los sistemas de información, la Cámara de Cuentas ha destacado que «se identifican debilidades materiales» en el sistema de información y en los controles generales de tecnología, que «representan un riesgo elevado para la fiabilidad y seguridad de la información» y la disponibilidad de los sistemas de información del SAS, al tiempo que ha señalado que las «incidencias más relevantes» se refieren a «incumplimientos» de la normativa de aplicación y a «deficiencias» en relación con el marco operacional y medidas de protección.
Con respecto al procedimiento previsto para la gestión del Registro de Demanda Quirúrgica (RDQ), la Cámara de Cuentas ha explicado que existen «diferentes deficiencias».
En esta línea, ha manifestado que la normativa reguladora «no contempla» que el facultativo inscriba al paciente en el RDQ o que no hay determinado un plazo máximo para la presentación de la solicitud de inscripción conformada por el paciente, «lo que supone el riesgo de dilatar el trámite de la inscripción y de registrar una prescripción sin corroborar posibles cambios producidos».
Del mismo modo, ha indicado que hay una «escasa estandarización» a la hora controlar los códigos, así como se ha detectado que la situación del paciente transitoriamente no programable por reevaluación clínica se utiliza «sin criterio ni control» y que hay «falta de criterios y homogeneidad» en las derivaciones de los pacientes.
Por último, ha asegurado que «hay desfase» con el coste real de las intervenciones realizadas en los centros privados concertados, que debe asumir el paciente.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recordado que, como medida adoptada para mejorar la calidad en la atención sanitaria en la región, desde el año 2001 se establece la garantía en el plazo de respuesta quirúrgica.
Esta garantía, explica la Cámara, reconoce el derecho del ciudadano a ser atendido en un tiempo máximo de 180 días para 700 procedimientos quirúrgicos, determinados en función a su trascendencia clínica, así como las técnicas para la reconstrucción mamaria postmastectomía diferida debido a un cáncer de mama, 120 días para 71 procedimientos que representan las intervenciones quirúrgicas más comunes y frecuentes y 90 días para 27 procedimientos quirúrgicos relacionados con la cirugía cardíaca.
Así, ha concluido que, en el caso que se superen los plazos garantizados, el usuario puede ser intervenido en un centro privado, cuyo coste será asumido por la Administración Sanitaria.
