La cruzada contra los vehículos de combustión gana peso en las líneas programáticas de los partidos
- Prácticamente el conjunto de las formaciones políticas comparte el objetivo de electrificar la flota de vehículos en España para «mejorar la calidad del aire»
- El PP es el único partido que carga contra las restricciones «indiscriminadas» al diésel
El empeoramiento creciente de la calidad del aire en los principales núcleos urbanos y el impacto de la contaminación sobre la salud genera alertas oficializadas por el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Las diferentes administraciones han situado el foco principal de actuación sobre el tráfico rodado, los vehículos de combustión interna (diésel y gasolina) y su huella en los niveles de dióxido de nitrógeno, entre otras partículas y agentes contaminantes como el hollín, que dan lugar a las visuales boinas de polución sobre la panorámica de las ciudades, habituales en Granada y su anillo metropolitano.
Pese a que el eje medioambiental no ocupa una posición protagonista en el discurso de campaña previo al ’28A’, los programas electorales de las principales formaciones que contienden en los comicios generales del próximo domingo coinciden en identificar la conversión eléctrica del parque móvil en detrimento de los motores de combustión como arma principal para conseguir que el aire sea más respirable.
Unidas Podemos plantea el horizonte más ambicioso y a la vez complejo dada la estructura actual de la flota automovilística española, con un 0,61% de unidades eléctricas y, eso sí, una creciente deriva hacia la hibridación, que ha crecido un 37 % en el mercado durante 2018, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Literalmente, la formación morada plantea «aumentar hasta el 25 % los coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en España en 2025 y hasta el 70 % en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100 % en 2040». Complementan la medida con un apoyo del Estado a la industria automovilística que «haga posible la transformación sin impactos negativos sobre el sector». Además, proyectan una línea de ayudas a la compra de eléctricos o híbridos capaz de cubrir «hasta el 15 o 20 % del precio de adquisición».
Ciudadanos coincide en que la movilidad eléctrica permitirá el viraje a la sostenibilidad y el transporte sin contaminación. Esbozan un plan de inversión -sin cuantía prevista- para hacer de España «el país líder de la industria de las baterías y los vehículos ‘cero emisiones'».
«Incentivaremos la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes e impulsaremos la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Renovaremos el parque móvil y el transporte público para que sea 100% sostenible».
Prácticamente todas las agendas electorales de los partidos sitúan el impulso de la red de puntos de recarga como uno de los retos, aunque evitan detalles. Los propios fabricantes, representados por ANFAC, alertan de que la ausencia de infraestructuras para los motores eléctricos es flagrante. Se calcula que existen 16,97 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes, lo que ubica a España lejos de la media de los principales países europeos.
El PSOE armoniza con estos planteamientos al situar en su programa la electrificación del sector del transporte y añade «obligaciones de instalación de puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio». Comparten hoja de ruta con Unidas Podemos a la hora de señalar la necesaria transformación hacia la producción energética renovable, aunque los morados la colocan en el 100% en 2040 -con cierre de centrales térmicas y nucleares en 2025 y 2024 respectivamente- y los socialistas establecen el horizonte en 2050, sin fechas para la clausura de las fuentes térmicas o nucleares.
Dicho ajuste en las fuentes de energía lo consideran elemental los expertos como complemento al potencial crecimiento del coche eléctrico o híbrido, ya que según especialistas del sector de la automoción consultados por La Voz de Granada, la fabricación de las baterías que equipan los vehículos electrificados puede alcanzar un impacto contaminante indirecto superior a la propia combustión de los motores diésel y gasolina, debido al uso mayoritario de fuentes no renovables.
El Partido Popular, por su parte, dibuja la renovación del transporte a través de la fiscalidad -eje económico de su programa- y carga, a diferencia del resto de formaciones, contra las trabas al diésel. Prometen el impulso «de una fiscalidad que promueva la renovación del parque móvil», aunque también plantean la eliminación de «restricciones indiscriminadas a vehículos diésel». Consideran clave activar un plan general de modernización del transporte público que incluya flotas ‘cero emisiones’.