La defensa de Juana Rivas celebra la postura favorable de la Fiscalía del Supremo al indulto parcial
La defensa de Juana Rivas ha valorado este jueves la postura favorable de la Fiscalía del Tribunal Supremo a que se conceda el indulto parcial a esta madre de Maracena (Granada), condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores; una pena que está cumpliendo en estos momentos en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos.
El Ministerio Público sugiere dejar la pena de prisión en dos años y rebajar la pena de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad sobre los niños de seis a cuatro años.
El abogado Carlos Aránguez ha señalado en declaraciones a Europa Press que valora «muy positivamente» la postura de la Fiscalía, que a su juicio «demuestra» que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada «se equivocó» y que «esas prisas que tenía por que Juana ingresara en prisión no estaban justificadas».
Junto a ello, el letrado se ha referido a la disparidad de criterio entre la Fiscalía de Granada, que solicitó el «inmediato ingreso en prisión» y «con la máxima dureza» para su cliente, y la Fiscalía del Tribunal Supremo, que está apoyando la concesión del indulto parcial.
«La Fiscalía debe actuar siempre de acuerdo a los principios de unidad y jerarquía como es sabido», ha advertido la defensa de Rivas, que en todo caso ha mostrado su «más sincera satisfacción» por el informe favorable del Ministerio Público al indulto.
Sobre esta «contradicción» en los criterios de la Fiscalía también se ha pronunciado Enrique Zambrano, el abogado de la expareja de Juana Rivas, que ha lamentado en declaraciones a Europa Press la «extrema politización» de este caso.
Fuentes del Supremo consultadas por Europa Press han asegurado que, en el marco del procedimiento, los magistrados del Alto Tribunal debatirán su propio informe el próximo 5 de octubre y luego se remitirá al departamento dirigido por Pilar Llop para que sea ésta quien defienda la solicitud ante el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra sobre el destino de Rivas.
Fue condenada tras abandonar Italia en 2016 con sus dos hijos con la intención de no regresar, pese a no contar con el consentimiento del padre de los menores. En 2017 pasó un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los niños a su expareja, al que acusa de malos tratos.
