La escuela que nos duele
Cuando el saber y la educación se mercantiliza, la sociedad en su conjunto pierde.
La mayoría de los menores matriculados en colegios e institutos de Granada capital, lo están en un centro privado o “sostenido con fondos públicos”, eufemismo que recibe la educación privada concertada.
La privada va ganando por goleada en Granada capital y los árbitros se están relajando sin pitar las faltas cometidas contra el equipo de la pública. No pinta bien el encuentro para el próximo curso, ¿o sí? Si aceptamos que guetos y segregación del alumnado conforme al nivel de renta es positivo, en Granada estamos ante una buena noticia.
No piensan que sea positivo las familias de la federación provincial de asociaciones de madres y padres de Granada, FAMPA Alhambra, formada por 325 AMPAS que luchan por la mejora de la educación pública.
FAMPA, junto a los sindicatos USTEA y CGT ha dado la voz de alarma en un comunicado que afirma: “hay discriminación de trato de la ESCUELA PÚBLICA con respecto a la concertada, que permanece blindada, mientras la pública ha de asumir casi en exclusiva los recortes en educación con la excusa del descenso de natalidad”.
En ese sentido, hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa y, en especial, a familias y docentes a sumarse a una concentración convocada para hoy jueves 13 de junio a las 19:30 h., frente de la Delegación de Educación de Granada.
Tirando del refranero popular, “de los avisados nacen los escarmentados” pues de los datos de matriculación de cursos anteriores y de lo que se intuye para el próximo curso a tenor las declaraciones del Consejero de Educación y ex entrenador Imbroda, bien hacen quienes defienden la pública en “aplicarse el barro antes de que pique el tabarro”.
De acuerdo con un análisis realizado por USTEA, en nuestra ciudad “hay 1.252 unidades concertadas, mientras que en la pública hay algo más de 900”, siendo esa la tendencia en las capitales de provincia de Andalucía.
Llevamos más de una década sin que la Administración Educativa evite una situación que empieza a ser insostenible. El cierre de unidades afecta a toda la provincia, aunque en la capital el desmantelamiento de la pública es alarmante, pues alrededor del 60% de unidades son concertadas, lo que implica a su vez mayoría de alumnado.
Cada año se pierden unidades y por tanto líneas y alumnado en la Pública. Este curso se han perdido 106 líneas entre Infantil (36) y Primaria (70). Desde 2012 sólo en segundo ciclo de infantil se han suprimido en toda Granada 256 unidades, con los consiguientes recortes de líneas en Primaria. Incluso se están cerrando líneas en zonas donde hay demanda de educación pública y poca oferta.
Confiamos en que no haya directrices desde el Servicio de Planificación Educativa para unir grupos de distintos niveles y edades en zonas rurales o masificar irregularmente aulas por encima de la ratio legal en poblaciones con mayor densidad poblacional, pues sería prevaricar
También, esperamos que no se incumpla la normativa sobre ratios, ni que la Delegación de Granada entienda el “incremento excepcional de la ratio en un 10%” como norma general para el cálculo de unidades.
Invitamos a todos los sindicatos y a la comunidad educativa en su conjunto, a que no permitan que ninguna unidad escolar comience el curso en septiembre con una cifra de alumnado superior a las ratios establecidas por la normativa.
La caída de la natalidad, en lugar de ser el pretexto para desmantelar la escuela pública, es una magnífica oportunidad para mejorarla. Reduciéndose la ratio puede el profesorado dedicarse a apoyos educativos y a la correcta atención que merece el alumnado de necesidades educativas especiales, atención a proyectos, etc.
La falta de inversiones en los centros educativos públicos afecta también a infraestructuras y aulas, que no están preparadas para garantizar la salud cuando las temperaturas se empeñan tozudas en mostrar la existencia de emergencia climática, aunque los tweets de Donald Trump digan lo contrario.
Sin embargo, mejoras en recursos, transporte escolar, creación de comedores in situ de gestión directa, alimentos agroecológicos, inversión en personal de servicios, apoyos sociosanitarios y educativos, permitirá a los Centros Públicos ser percibidos por la población como lo que deben ser, centros de primera categoría.
La desigualdad puede ser el problema de fondo. Es fácil pontificar desde una columna de opinión y difícil gestionar recursos públicos cuando administración y familias cada vez cuentan con menos y quienes manejan multinacionales con cada vez más. Quizás haya que poner el acento en las prioridades.
¿Qué prioridad tiene el gobierno de Andalucía respecto de la educación pública? Lo veremos en septiembre durante el período de matriculación.
La Escuela pública es insustituible, no es un gasto, sino una inversión social que mejora la sociedad en su conjunto. ¡Defendámosla!
CONCENTRACIÓN EL JUEVES 13 DE JUNIO a las 19:30 h., delante de la Delegación de Educación de Granada.
