La Fiscalía mantiene la petición de siete años de prisión para el exalcalde de Cogollos Vega

• El fiscal acusa al ahora exalcalde de firmar el 14 de febrero de 2011 en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) dos contratos con el marido y el hijo de la propietaria de la vivienda afectada para realizar estos trabajos en la casa sin la cobertura de ningún expediente

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de siete años de prisión y 19 de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Cogollos Vega, el independiente Francisco Luzón, por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en relación a unas obras vinculadas al Programa de Actuación de Infravivienda de la Junta de Andalucía.

En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Granada, también la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de la localidad ha mantenido su petición de ocho años y cinco meses de prisión y 16 de inhabilitación por los mismos delitos que le atribuye la Fiscalía, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

El asunto, por el que también se han sentado en el banquillo de los acusados el promotor al que inicialmente se adjudicaron los trabajos y una tercera persona vinculada al constructor, gira en torno al proyecto de infravivienda realizado en una de las viviendas situadas en el barrio árabe de la localidad. Según el relato del fiscal, el entonces alcalde decidió que las actuaciones previas en esta casa, como eran la demolición del tejado y la planta superior, las realizara el propietario de la vivienda, supuestamente en beneficio de la empresa constructora y en perjuicio del Ayuntamiento.

Según el fiscal, la dueña de la casa desconocía esta decisión porque no se le dio el proyecto para que lo firmara, como es preceptivo en este caso, ni fue informada del asunto, mientras que en el contrato tampoco se mencionaban estos trabajos previos a cargo del propietario y con un coste de 21.115 euros.

Así las cosas, el fiscal acusa al ahora exalcalde de firmar el 14 de febrero de 2011 en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) dos contratos con el marido y el hijo de la propietaria de la vivienda afectada para realizar estos trabajos en la casa sin la cobertura de ningún expediente. Los trabajadores fueron «ajenos» a esta maniobra y «se limitaron a cumplir con el encargo que les dio el alcalde», según el fiscal.

El exregidor negó el martes estos extremos ante el tribunal, asegurando que los trabajos que contrató eran propios del PFEA y no dirigidos a esta vivienda, y defendió su gestión en este asunto, una versión que no comparte el actual gobierno local en el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en este caso representado por el letrado Carlos Jiménez, de Revelles Abogados.