La Fiscalía pide hasta seis años de prisión para los exediles del PP implicados en el caso Emucesa
- Las penas se solicitan por «realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados» de la empresa, según el escrito emitido por el Ministerio Público
La Fiscalía ha solicitado penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés, ambos exediles del PP en el Ayuntamiento de Granada procesados en la causa sobre supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa que gestiona el cementerio municipal (Emucesa).
Según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota, el Ministerio Público ha remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Granada el escrito de acusación provisional del caso Emucesa, solicitando para los exconcejales estas penas por «realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados» de la empresa, en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, durante los mandatos de gobierno local del PP.
Para los otros acusados, los cinco contratados, también se solicitan penas que oscilan entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, también procesado por el Juzgado, y solicita que los siete acusados indemnicen a la empresa que gestiona el cementerio municipal la cantidad de 309.831 euros por los contratos realizados.
A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los acusados, se le exige la devolución, «de forma conjunta y solidaria con tres de los acusados», de la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, ésta se eleva a 32.521 euros con uno de los contratados, pues otra devolvió el dinero percibido.
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de «alta dirección» simulando «una relación laboral inexistente».
Añade que, «desde el momento de la firma de los sucesivos contratos, conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública».
Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 euros por supuesto «fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social».
La Fiscalía acusa por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
En esta misma causa, Emucesa, que está personada como acusación particular, ha solicitado la pena de tres años de prisión para los dos exediles del PP que están procesados.
