La Fiscalía se opone al archivo de la causa por supuestas irregularidades en TG7
- La Fiscalía acordó en febrero de 2018 denunciar los hechos al Juzgado por entender que Fuentes supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 «sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público»
La Fiscalía ha trasladado al Juzgado de Instrucción 6 de Granada su oposición al archivo de la causa sobre supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la anterior etapa de gobierno del PP, un asunto cuya instrucción está próxima a finalizar, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
En esta causa están investigados el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes, la empleada que ejerció funciones de directora en la televisión en aquel momento y el que fuera responsable de la productora con la que se contrataron servicios.
En un escrito de mediados de marzo, la fiscalía sostiene que a la vista de las pruebas practicadas en la instrucción de la causa y, particularmente, de los informes periciales, «se opone» al sobreseimiento interesado por las defensas de los investigados. Toma esta decisión por considerar que «los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación» por parte de los tres investigados, que ya declararon en su momento en sede judicial.
Fuentes defendió en aquel momento la legalidad del procedimiento que siguió para la contratación de servicios extra en TG7, así como del convenio que firmó en julio de 2015 para «reducir la deuda» que existía en esta materia, incidiendo en que ningún funcionario puso «reparos» o alertó de posibles ilegalidades.
La Fiscalía acordó en febrero de 2018 denunciar los hechos al Juzgado por entender que Fuentes supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 «sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público», sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal. Todo ello con un posible perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros.
La acusación popular ejercida por el PSOE también se ha opuesto al sobreseimiento de las actuaciones y advierte en su escrito de que en este caso se ha producido supuestamente una «desproporcionada desviación del gasto» y se ha «ignorado de manera voluntaria y consciente la totalidad de los procedimientos administrativos y económicos que rigen el gobierno de una administración pública tan importante como el propio Ayuntamiento de Granada».
