La inclusión, la ley y la ministra
Me he inspirado en el clásico del western “El bueno, el feo y el malo” para titular el presente artículo, y es que se están vertiendo ríos de tinta acerca de la Ley Celaá en lo referente a la escuela inclusiva, la LOMLOE y los postulados de la Ministra. Las voces tanto a favor como en contra, nos las encontramos en cualquier red social que se precie. Tanta ecolalia me ha obligado a tratar de dar mi punto de vista al respecto, una vez leída y analizada a conciencia los artículos referentes a este aspecto.
Para la ONU, tras la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2008, nuestro sistema educativo y la Educación Especial son como dos sistemas paralelos que no deberían existir. El gobierno de Zapatero se comprometió a trabajar en ello y tratar de hacer un sistema único, y ya han pasado doce años, tres Gobiernos y cinco Ministros/as de Educación diferentes. Que haya un mayor y mejor acceso a la inclusión educativa de este tipo de niños y niñas, es uno de los aspectos que quiere atajar, a su manera, la Ley Celaá. Si en el pasado no fue del todo posible, ahora tampoco lo será. Esta propuesta no es real. La voluntad se presupone, pero falta lo principal: el dinero.
En este país estamos acostumbrados a matar moscas a cañonazos. No hay una Ley Educativa específica que regule la Educación Especial. La primera referencia de la democracia a la inclusión con personas con minusvalía la tenemos en la LISMI del 82, aunque no aterriza en educación, en un Real Decreto de 1985 donde se regula la ordenación de la Educación Especial. A partir de ahí, solo se ha modificado con alguna disposición adicional. En resumidas cuentas, llevamos 35 años con el mismo Real Decreto. La Educación Especial ha estado totalmente olvidada en las diferentes leyes de los diferentes partidos políticos y, en esta ocasión, seguimos igual.
La LOMLOE, en su base, pretende dotar a los centros educativos ordinarios de los medios tanto personales como materiales para que la atención al alumnado de Educación Especial, se pueda llevar a cabo dentro de un centro ordinario en condiciones parecidas (iguales es imposible) a las de un centro de Educación Especial. Después de leer la dotación económica que tendrá la Ley, permítanme que dude de la viabilidad de la misma. Se necesitan muchísimos profesionales para dar la calidad y calidez necesaria para desarrollarse lo más plenamente posible: educadores, logopedas, fisioterapeutas… Amén de la infraestructura tan grande y obras en los centros escolares ordinarios que eso conlleva. ¿De dónde va a salir esa partida presupuestaria? Les aviso que no está recogida en la dotación presupuestaria de la LOMLOE.
Que la Ley Celaá viene a asfixiar un poco más a los centros concertados, es una realidad. Les incomodan hasta el punto de escribir en su ley que “Garantizan la educación pública de los españoles/as”. Ahora vengo con un dato. El 59% de los colegios de Educación Especial son de carácter privado, la gran parte de ellos concertados. Sólo el 41% son públicos. ¿Dónde estaba la Administración y la creación de centros públicos de Educación Especial cuando hubo que dar respuesta a este alumnado?
Mi experiencia profesional también me ha dado una certeza. Por desgracia, no todo el alumnado con una discapacidad puede estar en un centro ordinario. He visto sufrir a alumnos con discapacidad dentro de un aula ordinaria, siendo derivados después de un largo tiempo luchando por su inclusión real, a un centro específico, donde han podido evolucionar en función a sus necesidades reales. Es triste, pero es una realidad. La atención y grado de dependencia en algunos aspectos es tan sumamente grande, que no es ni compatible ni seguro para ellos mismos por muchos medios que digan desde el Ministerio que nos van a dar. Los centros de Educación Especial no pueden desaparecer. Textualmente pone en la Ley que la inclusión de este alumnado en los centros de Educación Especial “se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad y de los centros ordinarios».
Hay un matiz en la Ley, acerca de la matriculación de estos menores, que realmente me preocupa. Les cito textualmente: “Oídos e informadas las familias […] la Administración regulará los procedimientos en caso de discrepancia, teniendo en cuenta el interés del menor”. Esto qué quiere decir, ¿que la Administración va a decidir unilateralmente el modelo de escolarización que es mejor para esos menores, obviando la opinión de las familias? ¿Son las administraciones quienes tomarán las decisiones sobre el centro escolar o la idoneidad de un modelo de escolaridad sobre las familias? ¡La empatía al poder!
Los balones se van acumulando en el tejado de la señora Celaá y aún se está planteando si pedir la escalera por Amazon o por AliExpress. Si las casas no se construyen por el tejado, y las leyes educativas tampoco.
