La incomparecencia de un testigo retrasa el fin del juicio contra el exalcalde de Cogollos Vega

• La Fiscalía pide para el exalcalde, que defendió este martes ante el tribunal la legalidad de las actuaciones, cinco años y tres meses por estos hechos en sus conclusiones provisionales

El juicio contra el exalcalde de Cogollos Vega Francisco José Luzón por supuestamente «beneficiar» a una empresa, en el marco de un plan urdido con otros tres acusados en esta misma causa «tendente a lucrarse ilícitamente» a costa del Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada, se retomará la próxima semana tras la incomparecencia de un testigo este miércoles.

Con la práctica de esta prueba testifical, la Sección Primera de la Audiencia Provincial retomará el juicio, que quedará visto entonces para sentencia tras la calificación definitiva de las partes, un trámite previsto en principio para este miércoles. La Fiscalía pide para el exalcalde, que defendió este martes ante el tribunal la legalidad de las actuaciones, cinco años y tres meses por estos hechos en sus conclusiones provisionales.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el exregidor independiente, uno de sus ediles, y otros dos acusados que eran representantes de la empresa supuestamente beneficiada habrían actuado, «de común acuerdo, guiados por el ilícito ánimo de lucro».

El fiscal señala que el plan, «con grave prejuicio» para los contribuyentes de Cogollos Vega, habría consistido en la emisión de tres facturas a favor de la mercantil por, entre otros, «obras nunca ejecutadas en el municipio» pero que, «entre otros aspectos», no correspondían supuestamente con trabajos hechos en el pueblo.

«Al mismo tiempo los acusados emitieron los correspondientes albaranes de entrega y adquisición de material de las presuntas obras nunca ejecutadas en el municipio», agrega el Ministerio Público, que detalla que las facturas, relativas a efectos como sacos de cemento o portes, ascendieron a más de 15.000 euros, si bien «no llegaron a ser abonadas, pues el ardid fue descubierto». Pide el Ministerio Público, además de la pena de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años.