La Junta cifra en 405 los proyectos ambientales paralizados en Granada a la espera de solución
La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en la provincia, María José Martín, ha presentado los datos de expedientes ambientales que han sufrido retraso en su tramitación en la provincia de Granada, cifrando en 405 los proyectos pendientes, de los cuales 119 se encuentran a espera del informe de evaluación Ambiental Estratégicas de Planeamiento urbanístico; 103 expedientes a falta de la autorización de uso u ocupación en dominio público marítimo-terrestre; 85 para obtener, o no, autorizaciones Ambientales Unificadas nuevas, entre otros.
Según Martín “la principal problemática del bloqueo de estos trámites se centra en la demora de los plazos que en algunos caso llega a cuadruplicar la media del tiempo legal para su resolución, como es el caso de la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de diez meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años; o la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente”.
La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible explicó que “el freno a estos proyectos no ha tenido su causa en la protección ni en la preservación del medio ambiente, sino que ha sido la desidia y la falta de respuesta, del anterior gobierno, en la tramitación de estos expedientes, con peticiones de segundos informes preceptivos sin necesidad».
Martín que destacó la pérdida de cerca de 6.500 millones de inversión en proyectos empresariales durante los últimos años debido al bloqueo de un total de 4.367 expedientes en su trámite ambiental en Andalucía, “lo que se hubiese materializado en la generación de cerca 92.000 empleos potenciales”, anunció un plan para reactivar estos proyectos y retomar el contacto con los empresarios e inversores con la finalidad de impulsar de nuevo estas iniciativas.
Para solventar esta «mala gestión», la delegada recordó que la Consejería va a modificar la ley de gestión integrada de la calidad para simplificar la tramitación de los expedientes, al parejo un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejará de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental, siendo, de este modo, las instalaciones beneficiadas las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial. Con estas medidas «no se trata de rebajar el criterio ambiental ni de hacer la normativa más laxa sino de dar más posibilidades a la inversión preservando el medio ambiente», ha aclarado la delegada, insistiendo en que muchos proyectos que están paralizados son posibles desde el punto de vista medioambiental.
Además de las medidas de carácter legislativo, la Consejería va a incrementar con 65 funcionarios, que se distribuirán entre los servicios centrales y las delegaciones territoriales, con el objetivo de desbloquear esta situación administrativa. Esta propuesta de ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración, con un perfil técnico, así como licenciados en Derecho, para poder actuar de inmediato.
