La Junta identifica un «tapón» en la tramitación de expedientes ambientales que podría haber frenado inversiones millonarias
- Granada sería la quinta provincia con peores datos dentro de esta problemática administrativa, ya que acumularía 405 trámites pendientes que podrían traducirse en 8.560 puestos de trabajo, según los datos de la Junta
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta ha presentado un informe ante el Consejo de Gobierno en el que identifica un colapso administrativo en la tramitación de 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes que podría haber frenado inversiones por un montante de 6.500 millones de euros en la comunidad autónoma, incluidos 2.800 millones de euros relativos a energías renovables, según datos del actual Gobierno regional.
La resolución de los expedientes, según el informe, ha llegado «a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos». Esta parálisis también se traduce en la pérdida de unos «92.000 empleos potenciales, que representan más del 11% de la población desempleada en Andalucía», detalla el Ejecutivo. La Consejería considera que, «sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo para los andaluces».
Granada sería la quinta provincia con peores datos dentro de esta problemática administrativa, ya que acumularía 405 trámites pendientes y casi 8.560 puestos de trabajo perdidos, siempre según los datos de la Junta.
La Junta ha acordado modificar la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y «aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación», alegan. No obstante aseguran que mantendrán «todos los requisitos de protección al medio ambiente».
La Consejería se ha comprometido a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración.
Tipo de expedientes
El informe elaborado por la Consejería concluye que en la actualidad hay 4.367 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental.
En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.
Chiringuitos
El departamento de la Gestión del Litoral contempla las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde se incluyen 648 expedientes de chiringuitos. Estas licencias, anuncia la Junta, serán objeto de un plan específico enfocado a dar solución a un problema concreto, «cuyo procedimiento es tan complejo que impide calcular los tiempos de espera para obtenerlas». «Se trata de una actividad con gran relevancia para la comunidad autónoma andaluza desde el punto de vista económico y turístico. El plan garantizará la seguridad jurídica y el respeto de los requisitos medioambientales», detalla la Consejería.
Aplicación
En una primera estimación aplicada al caso de almazaras, por ejemplo, el 80% de estas vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles solo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada, detalla el Gobierno andaluz. Esta última calificación sería únicamente para las almazaras que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea.
«Otra muestra de simplificación administrativa que se lograría con la modificación planteada es que alrededor de un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental. En este caso, las instalaciones beneficiadas serían las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial», explica la Consejería.
