La Junta se opone a la ley de bajada de ratios de los diputados afines a Teresa Rodríguez por su «impacto económico»

El Gobierno andaluz ha manifestado su criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley para la bajada de ratios en la educación en Andalucía, suscrita por la parlamentaria no adscrita Teresa Rodríguez y otros diez diputados afines, porque «tendría un impacto económico desmedido» y no sería «la estrategia más adecuada en términos de coste-beneficio ni la única posible» para la mejora del sistema educativo andaluz.

La Junta ha trasladado su criterio contrario respecto a la toma en consideración de esta iniciativa en el marco de un acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del pasado martes, 13 de abril.

La proposición de ley se presentó suscrita por los nueve parlamentarios no adscritos tras su expulsión de Adelante -incluida quien presidía dicho grupo, Teresa Rodríguez-, así como por las diputadas de la citada confluencia María García Bueno y Maribel Mora.

La proposición de ley consta de un único capítulo en el que se establece que el objeto de la misma es «establecer unas ratios máximas de alumnado por unidad, para favorecer un proceso enseñanza-aprendizaje que permita el desarrollo integral de todo el alumnado, la equidad y la inclusión educativa, desarrollando los principios del sistema educativo andaluz establecidos en el artículo 4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de la Educación en Andalucía, y cumpliendo con los máximos establecidos en el artículo 157.1 a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación».

La iniciativa plantea fijar una ratio máxima de 15 alumnos por unidad en el segundo ciclo de Educación Infantil, de 18 en Educación Primaria, y de 20 escolares por unidad en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el Bachillerato y la Formación Profesional.

Criterio de la Junta

En su acuerdo, el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) argumenta que «la medida propuesta en la proposición de ley debería establecerse, al tratarse de una medida estructural del sistema educativo, como una medida a implementar, en todo caso, por el Estado español acompañada de la debida financiación por parte del Gobierno de la Nación y de las modificaciones de la normativa básica que pudieran corresponder, así como de las correspondientes transferencias de fondos a las comunidades autónomas y de un calendario para abordar la actuación».

La resolución del Consejo de Gobierno alude al «principio de eficacia» que emana de la propia Constitución «entre los principios rectores que deben informar la actuación de todas las administraciones públicas», y al hilo sostiene que «la eficiencia obliga a un uso optimizado, racional y ajustado de los medios y recursos que estén a disposición de la Administración para el logro de sus objetivos, sin gastos evitables y de excesivo valor que puedan acarrear un desequilibrio en el cumplimiento de dichos objetivos que se trasladaría injustamente a la ciudadanía».

De igual modo, el Ejecutivo andaluz sostiene que «la norma estatal establece una ratio de máximos que marca un umbral de idoneidad que está previsto para evitar que se degrade el sistema educativo, por lo que su cumplimiento garantiza, en concordancia con el resto de exigencias, la calidad y excelencia en dicho servicio».

También alude la Junta en su posicionamiento a «datos extraídos» del documento ‘Sistema estatal de indicadores de la educación 2020’, del Catálogo de publicaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional, según los cuales, «en el curso 2017-18, Andalucía no presenta diferencias significativas respecto a la media del Estado español en ninguna de las enseñanzas a que se refiere la proposición de ley» de los diputados no adscritos.

«Asimismo, de los datos recogidos en el citado documento, relativo a las ratios medias de los países miembros de la Unión Europea, así como de la media de los países de la OCDE, se deduce que Andalucía tiene actualmente una ratio acorde con la media europea», según abunda el acuerdo del Consejo de Gobierno, que aclara que, concretamente, «la ratio de España es de 20,9 en los centros públicos, al mismo nivel que Alemania e inferior a las de Dinamarca, Portugal, Países Bajos, Francia o Reino Unido, entre otros».

De igual modo, la Junta advierte de que «en la memoria económica que acompaña la referida proposición de ley no ha sido considerado el incremento económico que los consiguientes módulos establecidos para la enseñanza privada concertada supondría dicha reducción de ratios, con el consiguiente efecto económico para los fondos públicos».

Según el Gobierno andaluz, además, «tal incremento de unidades que nacen como consecuencia de la aplicación de dicha proposición de ley tendría un impacto directo en el campo de las infraestructuras educativas», y «dicho crecimiento conllevaría un gran esfuerzo en proyectos de infraestructuras para poder aumentar el número de aulas necesarias, en su caso, para poder atender al alumnado, teniendo en cuenta que en los núcleos más poblados la falta de espacio lo haría inviable».

Impacto económico

«En consecuencia, reducir las ratios tendría un impacto económico desmedido, si consideramos los gastos en personal, las inversiones reales en infraestructuras educativas y los gastos corrientes en bienes y servicios que conllevarían, tanto en los centros docentes públicos como en los privados concertados, lo que supondría aplicar una visión reduccionista del servicio administrativo que olvida otros muchos aspectos de necesaria intervención y mejora en el servicio educativo», según sostiene el Gobierno andaluz.

Concluye que esa no es «ni la estrategia más adecuada en términos de coste-beneficio ni la única posible para su mejora, ya que existen opciones formativas, programáticas y de medios menos costosos y de igual o mayor efectividad que potenciarían el servicio educativo en su actual contexto normativo, ya implementados o en vías de implementación por esta Administración».

Negociar con la Junta

En declaraciones a Europa Press, uno de los diputados firmantes de esta iniciativa, José Ignacio García, ha lamentado que la Junta «se niega a trabajar y negociar sobre una posible bajada de ratios en las aulas» andaluzas, y a «ni siquiera hacer los estudios necesarios», pese a que «estamos en un momento de bajada de natalidad» que permitiría que «la propia bajada de la ratio en colegios e institutos se podría hacer en muchos casos a coste cero», según ha puesto de relieve.

No obstante, y tras lamentar que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, «vuelve a estar en la misma línea negativa a negociar», el citado representante de los diputados no adscritos cree que, «hasta que llegue a Pleno la proposición de ley, hay tiempo», y estos parlamentarios ofrecen su «mano tendida» al Gobierno andaluz y los grupos que lo sustentan para «negociar la propia admisión a trámite de la ley en el Parlamento».

«Estamos abiertos a esa negociación, porque la necesidad de bajar las ratios en los colegios e institutos de Andalucía es tan importante, imprescindible y de consenso en toda la comunidad educativa, que requiere de un esfuerzo por ponerse de acuerdo», ha aseverado José Ignacio García.

Ha remarcado además que «hay dinero, hay margen para aumentar la financiación por parte de la Junta, y para usar los fondos europeos en este sentido». «El momento es ahora, y me niego a pensar que vayamos a perder esta oportunidad», ha aseverado José Ignacio García antes de concluir realizando «un nuevo llamamiento» al consejero Imbroda para que «escuche a la comunidad educativa» y «se siente a negociar».