La Justicia da la razón a Güéjar Sierra sobre el arreglo del Camino de los Padules sancionado por Medio Ambiente de la Junta
El alcalde de Güéjar Sierra, José A. Robles, ha lamentado el “uso partidista de las instituciones por parte del PSOE en la Junta” y se ha alegrado de que la Justicia haya avalado la actuación municipal en el arreglo del Camino de Padules.
La justicia avala la actuación del Ayuntamiento de Güéjar Sierra tras el arreglo del Camino de Padules, así lo ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia firme que falla en contra de la actuación desproporcionada de la Junta de Andalucía por imponer una multa al consistorio güejareño tras el arreglo de un camino rural de titularidad municipal.
La actuación sancionada se enmarcaba dentro de las tareas habituales de mantenimiento que el consistorio desarrolla en su extensa red de caminos rurales, consistentes principalmente en el relleno y compactación del firme de cara a las campañas agrícolas de recolecta de la cereza. “Nos multaron por ejercer una actividad de extracción de material que no se produjo ya que lo único que se llevó a cabo fue rasantear el camino, como cada año se hace en la época invernal”, ha explicado el alcalde José A. Robles, quien ha recordado que los trabajos no requerían de ninguna autorización ni licencia.
A juicio del primer edil, la sentencia vuelve a poner de manifiesto “la persecución política” emprendida en aquellos años por el entonces Gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Actuaciones desproporcionadas en detrimento de los vecinos del municipio, quienes han sido castigados por un partido que utilizaba la administración autonómica con fines partidistas y electorales.
Robles ha lamentado que está sanción económica continuara su curso por una mera decisión política aun existiendo un informe de la propia Junta de Andalucía que indica que el daño producido es mínimo, fácil de revertir y considera que no es necesaria su restauración.
Es por ello, que el alcalde ha instado al PSOE y a la promotora de esta actuación ilegal, la hoy diputada en el Congreso y anterior delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, que pidan disculpas a los güejareños por el castigo al que los sometieron en el año 2018 y que tuvo repercusiones directas en inversiones destinadas a la mejora de los servicios y ampliación de la oferta turística y municipal.
En este sentido, cabe recordar que la multa derivó en el embargo de parte de los ingresos por la participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), además de situar al Ayuntamiento en una situación de morosidad que impedía acceder a la convocatoria pública de subvenciones al no estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Sería el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Granada el que obligara a la Junta de Andalucía a la devolución del importe tras dictaminar a favor de las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento, revertiendo la situación mientras no se dictara sentencia firme.
