La plataforma andaluza en defensa de la educación pública convoca huelga general de la enseñanza pública en Andalucía

La plataforma, constituida por las organizaciones sindicales CCOO, CGT, UGT y USTEA, la Confederación de Asociaciones de padres y madres CODAPA, y el Frente de Estudiantes FdE, ha anunciado su más rotundo rechazo a este nuevo Decreto y llama a la movilización y la huelga por la defensa de la escuela pública. Mercedes Isabel González Liñán, secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, ha explicado esta mañana en rueda de prensa que “llamamos a toda la comunidad educativa a adherirse, construir y participar en la huelga del próximo cuatro de marzo para poder revertir este Decreto que vulnera un principio que para nosotros es esencial como es el principio de proximidad del centro educativo a las familias”.

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en nuestra comunidad el pasado lunes, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles 4 de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.

Para esta plataforma, son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social”, traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad, y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho.

Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. En este sentido, es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.

Por otro lado, CCOO no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública.

La responsable de Enseñanza de CCOO Granada ha querido aclarar que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto.

El Consejo Escolar de Andalucía, órgano de participación en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó el 24 de octubre de 2019 y por mayoría, el dictamen al Proyecto de este Decreto en el que se incluía una enmienda de CCOO y de otras organizaciones, que plantea la supresión del artículo 9.4 del Decreto que establece que en todas las zonas educativas se incluya un centro concertado de otra zona del mismo municipio si no existe ningún centro de titularidad privada en esa zona. (Enmienda de CCOO número 12 y observación de dictamen número 24). Por su parte, la Consejería de Educación ha obviado este dictamen de la comunidad educativa.

Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública de la que forma parte CCOO, consideran que este Decreto daña la escuela pública, rompe el equilibrio del sistema educativo andaluz y es el paso primero de este gobierno para su objetivo final, que no es otro que el de suprimir las zonas educativas, un modelo que viene a segregar al alumnado en aquellas comunidades autónomas en que ya se aplica, mercantilizando la educación.