La Reforma Laboral y el Salario Mínimo Interprofesional

Tras una esperpéntica tramitación parlamentaria, la legislación laboral ha sido reformada. El gran objetivo es disminuir la precariedad laboral, y creo que la reforma puede ser positiva en este sentido.

La reforma ha mantenido los elementos fundamentales de la ley, con adaptaciones a la situación actual y a veces meros cambios nominativos.

Como suele ser habitual en nuestro presidente de gobierno Pedro Sánchez, afortunadamente en este caso, ha incumplido su promesa de derogación de la ley, no por principios ideológicos (en esto es claramente marxista, pero no de Carlos Marx, sino de los Hermanos Marx: “estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”) sino porque la Unión Europea condicionaba la llegada de los Fondos Next Generation a una reforma laboral modernizadora y sin extremismos demagógicos.

La legislación previa, aprobada por el Gobierno del PP, fue un instrumento muy útil para facilitar la salida de la profunda crisis económica que afectó a España entre 2008 y 2014, y permitió que muchas empresas pudieran sobrevivir en situaciones muy difíciles. Pero la sociedad ha evolucionado, y el actual modelo económico y de estructura productiva ha sufrido grandes cambios, en muchos casos como efecto del COVID-19 (teletrabajo, logística, crecimiento de nuevos sectores y decrecimiento de otros, cambios de hábito de consumo,…), por lo que era necesario una adaptación de las relaciones laborales a este nuevo escenario.

La ley no es perfecta, pero introduce elementos positivos (mejora de los ERTE, prevalencia de convenios colectivos nacionales, contratos indefinidos, becarios…). Como elementos negativos creo que no se debería haber eliminado los contratos por obra y servicio, que a muchas empresas le permiten cubrir las necesidades puntuales. Igualmente, en el sector agrario puede ser un problema para las campañas agrícolas.

No es una norma que vaya a generar por sí misma empleo (la creación de empleo va unida al crecimiento de la actividad económica), pero al estabilizar el empleo tendrá efectos positivos en las expectativas de futuro de las personas y actuará como acicate para un incremento del gasto de estas, y, por tanto, de la actividad económica del país.

En este sentido, creo que algunos partidos políticos han actuado con miras de estado, como es el caso de CIUDADANOS y MAS PAIS, y desgraciadamente otros, especialmente el PP, han actuado de forma negativa, anteponiendo sus intereses políticos cortoplacistas al bien de la sociedad española.

Precisamente, un elemento a destacar es que la reforma nace del acuerdo entre los sectores socioeconómicos implicados (empresarios y sindicatos), lo cual es muy difícil de conseguir en España.

Como liberal tradicional (abomino del denominado neoliberalismo, la ingeniera financiera y el humo de la especulación, creo que la base debe ser la economía productiva) pienso que deben ser los agentes sociales los que regulen las relaciones entre ellos, teniendo el Estado un papel secundario destinado a garantizar que los acuerdos que estos alcancen no sean lesivos para la sociedad, y en caso de disputa facilitar acuerdos entre las partes. Más Sociedad, menos Estado.

Es por ello, que hay que felicitar a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Diaz, por el papel de mediador entre las partes que ha ejercido durante la negociación de la reforma laboral.

Desgraciadamente, estas maneras no se han mantenido en relación con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, el cual ha sido impuesto de forma unilateral sin margen a la negociación, y primando más los intereses políticos de Yolanda Díaz, quien muestra así su faceta más izquierdista de cara a su promoción personal para las futuras elecciones generales.

Sin duda, es necesario que haya incrementos anuales que permitan adaptar la subida de inflación y que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Como he señalado anteriormente, esto repercute positivamente en el conjunto de la economía y de la sociedad y es una cuestión de justicia social.

Pero también hay que estudiar las repercusiones que puede tener un incremento desmesurado en la viabilidad de las empresas y en las inversiones que puedan realizar estas. A mayores costes, menos inversión. Así mismo, estas medidas pueden tener efectos sobre la inflación, incrementando esta, lo cual es negativo para el conjunto de los ciudadanos.