La UGR y la Junta renuevan el acuerdo para que siga en marcha el Laboratorio sobre Participación e Innovación Democrática

• La Universidad de Granada, a través de MediaLab UGR, y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han puesto en marcha este laboratorio concebido como una plataforma de reflexión, innovación, experimentación y debate en torno a la participación y la innovación ciudadana

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López Gabarro, han firmado un convenio de colaboración que mantendrá en funcionamiento el Laboratorio sobre Participación e Innovación Democrática (Laboratorio 717), un proyecto que busca fomentar la sociedad participativa y que funciona como espacio de reflexión, experimentación y debate.

En el acto también han participado la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR, Margarita Sánchez Romero; el director de MediaLab UGR, Esteban Romero Frías; el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados García; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada, Matilde Ortiz Arca; y la investigadora asociada al Laboratorio 717, Sandra Haro Márquez.

Esta colaboración, que comenzó en 2020, se ha prorrogado hasta el 7 de septiembre de 2023 ante la importancia de continuar con el desarrollo de una iniciativa diseñada para fomentar la participación social. La Universidad de Granada (a través de MediaLab UGR) y la consejería han puesto en marcha este laboratorio concebido como una plataforma de reflexión, innovación, experimentación y debate en torno a la participación y la innovación ciudadana.

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha destacado “la necesidad de fomentar la participación pública a través de una herramienta de estas características, capaz de ofrecer a la sociedad una plataforma digital colaborativa y abierta para tal fin”. El director de MediaLab UGR, Esteban Romero, ha presentado algunos de los resultados del proyecto, entre los cuales está la documentación de más de 120 procesos participativos en la región, la conexión con un Erasmus+ o la vinculación de una tesis académica. La iniciativa se encuentra actualmente con nuevas líneas de acción en marcha a nivel investigador, técnico y divulgativo. En este sentido, Esteban Romero ha afirmado que “el proyecto muestra el potencial de la colaboración entre instituciones públicas y es el mejor ejemplo de cómo la Junta de Andalucía cuenta con la implicación del conocimiento universitario para desarrollar una política pública tan estratégica como es la participación ciudadana”.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la importancia de este acuerdo que permite “estrechar lazos, unir objetivos y sumar esfuerzos entre el Gobierno de Andalucía y la Universidad de Granada”. “Desde el Gobierno andaluz creemos en las universidades, en su caudal de conocimiento, innovación e investigación y en el servicio que prestan a la sociedad a la que pertenecen”, ha proseguido López, que ha sostenido que “la participación ciudadana es una manera de hacer ciudadanía y este convenio viene a dar difusión a los procesos participativos”. Así, “desde el Gobierno andaluz vamos a seguir trabajando por la participación ciudadana a través del desarrollo de la ley, de iniciativas como esta, o del apoyo a las entidades locales”, ha concluido.

El Laboratorio sobre Participación e Innovación Democrática se materializa a través de una plataforma digital (laboratorio717.org) complementada con acciones presenciales como cursos de formación, grupos de trabajo o laboratorios de diseño de propuestas y encuentros realizados en Andalucía. Se trata de una herramienta colaborativa y abierta para contribuir al desarrollo y aplicación de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía en todo el territorio.

Entre los objetivos de este convenio se encuentra el impulso de programas de formación para la ciudadanía, del personal de las administraciones públicas, de los centros educativos, así como el impulso de medidas de sensibilización y difusión y medidas de accesibilidad, especialmente en lo relativo a las nuevas tecnologías.