La viuda del agente Arcos pide «justicia» en el inicio del juicio contra el asesino del agente
- Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado, que está en prisión provisional por estos hechos, más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido
La viuda del agente José Manuel Arcos ha pedido que se haga «justicia» en este caso antes del juicio cuyo inicio está previsto este lunes en la Audiencia de Granada por la fórmula del jurado popular contra el acusado de acabar con su vida pegándole un tiro con su arma reglamentaria durante una persecución en 2018, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de 27 años de cárcel.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del edificio judicial de Caleta, donde la Sección Primera de la Audiencia de Granada tiene previsto juzgar los hechos desde este lunes, Raquel Pérez ha indicado que ella y su familia necesitan «que esto termine» y «tranquilidad» pues han pasado «dos años muy largos» desde que sucedieran los hechos, y eso lo conseguirán con «justicia» para «esa persona que ya no está aquí».
Pesa a que confía en una sentencia condenatoria, Pérez ha indicado que sus «hijos no van a poder seguir viendo a su padre», mientras que el procesado, «aunque esté en la cárcel, va a poder seguir viendo a su familia».
«De este juicio no podemos esperar otra cosa que justicia», ha indicado también el letrado Javier López y García de la Serrana, del bufete HispaColex, en representación de la familia de la víctima mortal.
La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años. A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se han adherido a la petición fiscal.
El juicio estaba inicialmente previsto para el 1 de junio, pero fue suspendido a raíz de que las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil alegaran que la sala de vistas no cumplía las condiciones sanitarias y de distancia física necesarias frente al coronavirus.
Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2018 en Huétor Vega, cuando, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado arrebató tras una persecución el arma reglamentaria al agente José Manuel Arcos Sánchez y a corta distancia, con intención de acabar con su vida, le disparó en la zona situada entre el abdomen y la ingle, lo que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shock hipovolémico, según el relato del fiscal.
La persecución se inició cuando supuestamente el acusado «aceleró» tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara «una maniobra que resultó sospechosa (…) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma» considerada de guerra que arrojó durante la huida.
Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado, que está en prisión provisional por estos hechos, más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.
