Las patronales de la dependencia se movilizan ante el Parlamento para exigir a Junta que «evite la quiebra» del servicio
Las patronales del sector de la dependencia Cecua, Lares Andalucía, FADE Y Faecta se han concentrado este jueves a las puertas del Parlamento andaluz para denunciar la «inacción» de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la hora de abordar la sostenibilidad del sistema y exigir que «evite la quiebra» del servicio.
Ante la «decepción» provocada por la propuesta del Gobierno andaluz de actualizar el precio de la plaza concertada en un 2,60%, las entidades y empresas del sector señalan que esta medida «no permite a los centros garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la atención y amenaza especialmente a los centros rurales. Además, el incremento del precio de la plaza en un 2,60% no dignifica al sector, ya que no alcanza ni a compensar la subida de la luz».
Las patronales añaden que ante las dificultades de un sector «infrafinanciado y en previsión de un futuro desolador que mantendrá a Andalucía en el último vagón del sector sociosanitario español», se movilizan para revertir «con urgencia» esta situación de «indefensión y maltrato» y anticipan que, de seguir la actual situación, «la quiebra del sistema sociosanitario está muy próxima».
Además de exigir unas tarifas concertadas que garanticen la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura del servicio que prestan a las personas dependientes, plantean la necesidad de ocupación de plazas vacías.
«Mientras en muchas comunidades autónomas de nuestro país se ha producido una actualización de tarifas del sector fruto del acuerdo de Estado con agentes sociales que atiende a las personas en situación de dependencia, el Gobierno andaluz ha hecho caso omiso a la grave situación de sostenibilidad de uno de los sectores que más han sufrido en esta pandemia y que mayor número de empleos genera y mantiene», ha manifestado.
Como referencia, señalan que en Madrid, la subida de la plaza concertada ha sido del 37%, tras el acuerdo con los agentes sociales. En este sentido, y con el fin de superar el «estancamiento» de las relaciones con el departamento que dirige Rocío Ruiz, estas entidades y empresas también señala que han solicitado por escrito hasta en tres ocasiones un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien les ha remitido a la Consejería «sin escuchar sus propuestas».
Los representantes de las patronales señalan que durante la pandemia, las empresas y entidades del sector han tenido que soportar grandes sobrecostes y una «alarmante carencia» de recursos y medios, pero, a pesar de ello, se ha conseguido cuidar de la población más vulnerable «y todo este esfuerzo, en lugar de ser dignificado y reconocido, ha caído en el cajón del olvido», denuncian.
Ante el incremento del 2,60%, 491,38 euros al año, las patronales exigen «dignidad y no limosnas», denunciando que el sector necesita una apuesta real que «acabe con la infrafinanciación y garantice a las empresas unas condiciones razonables y seguras, además de la total ocupación de las plazas concertadas que se encuentran vacantes, aún a pesar de la enorme lista de espera existente».
Recuerdan que en la propuesta presentada al Gobierno andaluz para lograr un sistema sostenible, eficiente y con calidad de cobertura en la atención a las personas mayores dependientes de Andalucía, las patronales solicitan mecanismos más flexibles que permitan la reducción de la lista de espera, con la puesta en marcha y aprobación este mismo año de un solo procedimiento de la resolución de grado y PIA, y de un plan de choque que mejore la tasa de reposición que conlleve el aumento de valoradoresy personal técnico, tanto a nivel de servicios sociales comunitarios, delegaciones territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda).
«Las consecuencias de un sistema de asignación de plaza obsoleto como el que tenemos en la actualidad, quedan plasmadas en la pérdida de personas beneficiarias del servicio residencial, encontrándose actualmente en valores similares a octubre de 2017. En los dos últimos años, si comparamos las personas atendidas en centros residenciales en marzo de 2021 con las de febrero 2019, la cifra asciende a 598 personas menos. Si hacemos esa comparativa en centros de día, son 1.462 personas menos atendidas», explican.
Por tanto, apuntan que la necesidad de incrementar la oferta de plazas concertadas «queda en un segundo plano cuando no se ocupan las plazas vacías ni se actualiza el precio», y defienden que debe ser prioritario el objetivo de atención a los dependientes y «no extenderlo con tediosa burocracia, que cuando finaliza ya no son necesarios los cuidados demandados».
Por último, indica que para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, se deben realizar las inversiones «oportunas dentro de un marco regulatorio propicio y estable». En este escenario, las patronales sociosanitarias destacan la importancia de la colaboración público-privada mediante la oferta de plazas concertadas, «lo que ha sido una apuesta de éxito, permitiendo ganar en eficiencia y calidad, además de suponer un ahorro de costes, un estímulo para la inversión en nuevos centros y la generación de empleo de calidad».
