Las PTIS y el olvido de la Junta
Las siglas PTIS (Personal Técnico de Integración Social) se han convertido en las dos caras de una misma moneda. La cara, con sus trabajadoras al frente, es sinónimo de lucha, de reivindicación, de entrega y de profesionalidad. Y la cruz, gracias al gobierno de la Junta de Andalucía, es la incertidumbre, el miedo y la precarización laboral del sector.
Como maestro, he podido vivir de primera mano estas dos situaciones que viven las compañeras (recordemos que más del 90% lo constituyen mujeres) de PTIS en su día a día. Unas compañeras que se desviven por su alumnado y que son imprescindibles para garantizar una educación pública de calidad, una enseñanza inclusiva, una escuela de tod@s para tod@s constituyendo, por tanto, un eslabón fundamental al desarrollar acciones de apoyo, de colaboración y de ayuda incondicional, tanto a las niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo como al profesorado que tutoriza al mismo.
Pero, a la par que están al pie del cañón en los colegios, lo están en las calles con sus camisetas rosas reivindicando una certidumbre laboral que se les niega por parte del ejecutivo autonómico. El pasado diciembre las 2000 trabajadoras del sector tomaron las calles ante el desamparo, el abandono y la situación de vulnerabilidad frente a la postura adoptada por la Junta, ya que temían que, bajo las condiciones esbozadas por el ejecutivo, no se les reconociera ni la experiencia, ni la antigüedad en el desarrollo de su labor profesional en los centros educativos públicos de Andalucía (realizada en condiciones laborales muy precarias).
Si el año 2019 finalizó con el colectivo en la calle, 2020 se inició de la misma manera y fue con una huelga el 15 de enero ocasionada por el Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, donde se afirma negro sobre blanco que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, instando al gobierno andaluz, concretamente a la Consejería de Educación, a convertir en públicos los puestos que desempeñan en la actualidad antes de 2022.
A toda esta incertidumbre y conflictos, se suma el último suceso ocurrido una vez convocado el estado de alarma, donde 95 trabajadoras en Granada solo han cobrado, en algunos casos, los días de marzo previos a la declaración del estado de alarma.
¿El problema? Surge cuando una sola empresa contrata los distintos lotes de trabajadores en distintas fechas, según las licitaciones de la Agencia. Al adquirir los lotes el 27 y 28 de febrero no tiene en ningún caso facturación completa de dicho mes para presentar a la APAE y poder hacer frente al pago de marzo siendo, por tanto, una facturación insuficiente.
Esta situación deja en un “limbo” legislativo a las trabajadoras granadinas del sector, arrojándolas a una situación económica muy delicada, puesto que tienen cargas familiares y numerosos gastos a los que deben atender y aún no han recibido su salario correspondiente.
La Consejería y la Agencia Pública Andaluza de Educación debe ejecutar las medidas oportunas para garantizar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras de PTIS, colectivo que vuelve a estar en el ojo del huracán por enésima vez en este curso académico.
Espero que, en un futuro próximo, las compañeras de PTIS solo tengan en el horizonte las actuaciones con su alumnado y no tengan que mirar de reojo (ni por el retrovisor) la espada de Damocles de su situación y su futuro laboral.
