Lo simple empieza a fastidiar a la mayoría

No es la primera vez, y advierto que no será de las últimas, que escribo sobre la «simpleza» que el PP donde gobierna pretende trasladar al funcionamiento de la Administración. Ya he señalado que bajo el señuelo vergonzante de «simplificar», «ahorrar trámites a la ciudadanía» o «agilizar el lento funcionamiento de la administración», nuestras derechas pretenden colarnos no ya una privatización de funciones públicas, sino directamente quieren saltarse los más elementales controles y filtros que garantizan la igualdad entre todas y todos. Nada menos. Uno de los grandes problemas de intentar trasladar este atraco a la opinión pública es, obviamente, lo llamativo y sugerente del trazo grueso. Porqué, ¿quién va a oponerse, así de primeras, a simplificar y agilizar el papeleo?. De ahí la necesidad de no cejar en el empeño de que se entienda de qué estamos hablando.

Es ya suficientemente grave que sectores sensibles de la actividad pública, como las licencias medioambientales o arqueológicas, se despojen de la necesidad de control previo de la Administración. Por la incidencia social de tales actuaciones y por la irreversibilidad que ofrecen la mayoría de acciones una vez hechas. La declaración responsable previa que ahora se va a exigir (esperemos que el Tribunal constitucional tumbe este despropósito) en lugar de la previa autorización de control, convertirá en agua de borrajas las consecuencias derivadas de esa falta de control. Ya dará igual si se acredita la falta de requisitos legales, cuando un hallazgo arqueológico se haya sepultado en cemento, o cuando el cauce de un río se haya convertido en una edificación del tipo que sea. En esas estamos, la supuesta simplificación no es sino un desposeimiento de atribuciones públicas necesarias para controlar la actividad privada y que ésta campe a sus anchas.

De nuevo, debo aludir a lo aplicada que se ha mostrado nuestra alcaldesa la señora Carazo para seguir al pie de la letra, los dictados del ínclito y suavón Moreno Bonilla a la hora de trasladar al ámbito municipal esas simplificaciones que encubren privatizaciones y relajaciones. Ya he hablado de la ocupación de vía pública y otras actividades ambientales municipales que se van a «relajar». Al final, ésto se va a convertir en una ley de la selva, para alegría de los de siempre y estupefacción de la mayoría, que va a comprobar que esa supuesta «agilización» y ese prometido «aliviamiento de papeleo» les afecta poco o nada, mientras que su vida comunal se resentirá, y mucho.

Y es que, como casi siempre, para las derechas, la ocupación del poder (que no, necesariamente, el ejercicio del gobierno) trae aparejada beneficios y ventajas para unos y perjuicios para el resto. No es un dicho, son los hechos. Y son los datos, que pese a quien pese (equidistantes en primer lugar), matan el relato. Veamos algún caso más. El Ayuntamiento de Sevilla ( y a tenor de las declaraciones de doña Marifran, aquí están en lo mismo) tramita una Instrucción para «agilizar» la tramitación de licencias urbanísticas. Insisto, suena bien. La verborrea justificadora de dicha instrucción es la de siempre, en estos casos. Se tira del mantra de la «colaboración público-privada», para deslizar barbaridades tales como «la responsabilidad de la Administración no debe estar reñida con el importante papel de los agentes particulares y colaboradores», ¡cielos!. O «dicha colaboración ofrece nuevos cauces de intervención de los particulares en el procedimiento de otorgamiento de licencias». Eso si, que no falte la coletilla » todo para asegurar los principios de eficacia, economia y celeridad». ¡Vamos que pitamos con tanta celeridad!.

Para que no falte de nada en este festín, se alude a que dichos profesionales y colaboradores «tienen la preparación adecuada». Toma ya¡. Y tambien tienen «intereses propios», añado humildemente. El caso es que «los informes y certificados de los Colegios profesionales, que podrán actuar a instancia de persona interesada, se tendrán en cuenta a la hora de otorgar una licencia». Dicho así, podría no ser importante que «se tengan en cuenta». Al fin y al cabo, siempre nos quedará el control de la Administración.

Pero, y aquí viene el truco, «las ordenanzas municipales podrán prever que ese informe o certificado pueda surtir efectos equiparables al informe técnico municipal en materia de actividad de edificación». Tener en cuenta es una cosa. Surtir efectos es otra bien diferente. Y yo, en este punto, me pregunto. Cuantas ciudadanas y ciudadanos se están beneficiando de esta «simplificación». Quizá, quien promueve una edificación. Con seguridad, el o la persona técnica y preparada que puede que haya elaborado el proyecto y que (quizá) también lo haya informado, casi seguro que favorablemente. Y nadie más. Así se escribe la historia.

El colmo del asunto es la ultimísima coletilla, que se asemeja a aquello de «explicación no pedida, acusación manifiesta», pero así de despechadas y poco recatadas son nuestras derechas. «Esos informes y certificados estarán sujetos a la verificación posterior de la Administración…. en tanto no se modifiquen las ordenanzas municipales correspondientes». Tachan¡. Averigüen, queridos lectores y lectoras cual va a ser el siguiente paso del Ayuntamiento de Sevilla. Y mas pronto que tarde, el de Granada.

Pues así son las cosas y así se las cuento. Con datos y hechos en la mano, y no con fantasías animadas. Mientras con una mano enseñan el señuelo de ETA (caducado), de Cataluña (fallido), de la amnistía (para aprobarse ya) y lanzan bulos y esparcen basura, con la otra mano, nuestras derechas patrias preparan el festín de la privatización y el esquilmamiento de lo público ante nuestras propias narices. Avisados quedamos¡