Lorente defiende que el proyecto del Serrallo fue la fórmula para urbanizar el parque
El ex director municipal de Obras Municipales de Granada Manuel Lorente, uno de los 17 acusados que se sienta en el banquillo en el juicio del denominado caso Serrallo, ha declarado este martes, ante el tribunal de la Audiencia Provincial, que la instalación de atracciones fue la «excusa» que encontró el Ayuntamiento para urbanizar el parque del entorno del centro comercial, en el sur de la ciudad.
La idea fue buscar una «concesión administrativa» que diera «un poco más de dinero» para que el promotor se hiciera cargo del proyecto, ha indicado en la segunda sesión del juicio, en el inicio de su declaración, que ha tenido lugar después de las de la que fuera edil de Urbanismo por el PP Isabel Nieto y, este pasado lunes, del alcalde de la ciudad en esa etapa José Torres Hurtado.
En la vista se enjuicia, en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de Caletea, la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona en la que solo se podría haber creado un parque infantil, y en posibles perjuicios económicos a las arcas municipales.
Manuel Lorente ha explicado que el Ayuntamiento fue poniendo «más condiciones» a cada anteproyecto que presentó la promotora de Roberto García Arrabal, también acusado, de tal modo que de una inversión inicial de más de 200.000 euros llegó a valorarse en unos 2,3 millones.
En un área que ocupaba unos 33.000 metros cuadrados, el parque iba a ocupar unos 14.000, ha detallado Lorente, que ha agregado que, conforme al pliego de cláusulas administrativas, el promotor también «estaba en su derecho» disponer de un dos por ciento del total del sistema general a uso terciario, de tal modo que consiguiera «otros beneficios» para cubrir el coste.
En la adecuación del proyecto para la explotación de la concesión administrativa, el promotor «no pudo» modificarlo «unilateralmente» sino que trabajó en coordinación con los servicios técnicos del Ayuntamiento, hasta que, en 2010, se articuló el documento que finalmente se elevó a la comisión ejecutiva de Urbanismo, como «propuesta definitiva».
La Sección Segunda de la Audiencia ha reservado dos meses para este juicio, desde este pasado lunes hasta el 2 de abril de 2020, habiendo previstas declaraciones de acusados tanto este miércoles como este jueves, para proseguir la semana que viene, en principio a partir del próximo martes.
Están acusados un total de 17 personas, entre ellos responsables políticos municipales, funcionarios y empresarios, y cuatro empresas mercantiles por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
