Los jamoneros de Trevélez rechazan la IGP Jamón Serrano que promueve el Gobierno

• Los productores temen que esta nueva IGP propicie una «fuga de empresas» de las zonas rurales, en este caso la Alpujarra de Granada, donde mucha gente vive del jamón, en favor de zonas mejor comunicadas y procesos de producción más baratos

Los jamoneros de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón de Trevélez mantienen que la IGP Jamón Serrano promovida por el Gobierno «confunde al consumidor», en tanto que este sello no obliga a que el jamón sea curado en la sierra y de manera natural, sino que puede hacerse «en cualquier parte del país y con cámaras frigoríficas». Por ello, entienden que favorece una «competencia desleal» respecto al resto de sellos de calidad, cuyos criterios de producción son «artesanales y más costosos».

La presidenta del consejo regulador de la IGP Jamón de Trevélez, Pilar Álvarez, relata que tanto ellos como la IGP de Jamón de Serón (Almería) han presentado formalmente su oposición a esta nueva Indicación Geográfica Protegida junto a ayuntamientos y a otros consejos reguladores que entienden que devalúa las figuras de calidad en general y del jamón en particular.

Según explica Álvarez, las IGP deben demostrar un estrecho vínculo con el territorio donde se elabora el producto, que es lo que le da su seña de identidad. En el caso de la IGP Jamón de Trevélez los cerdos proceden de una raza determinada y se cura durante un periodo de 20 meses a una altitud de unos 1.200 metros dentro del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada mediante un proceso artesanal que ha pasado de generación en generación.

«En la IGP del Gobierno vale cualquier raza, abarca el territorio nacional, son siete meses de curación e incluso contempla que se pueda hacer usando mecanismos artificiales cuando las condiciones no sean apropiadas», relata Álvarez, para quien esto conlleva un «engaño al consumidor» al usarse estos criterios bajo el nombre genérico de jamón serrano, que tradicionalmente indica que es curado en la sierra y ahora ya no tendrá por qué ser así.

Los productores temen que esta nueva IGP propicie una «fuga de empresas» de las zonas rurales, en este caso la Alpujarra de Granada, donde mucha gente vive del jamón, en favor de zonas mejor comunicadas y procesos de producción más baratos que les permitan abaratar también el precio del producto final. «Es un disparate» y favorece la despoblación en el ámbito rural, lamenta Álvarez. También la Diputación de Granada se ha mostrado hace poco contraria a la IGP Jamón Serrano y así lo ha hecho constar en una declaración institucional aprobada recientemente en pleno.