Los pescadores suspenden la parada indefinida prevista para el próximo 21 por la falta de consenso
Los pescadores han decidido suspender la parada indefinida prevista para el próximo lunes, 21 de marzo, por la falta de consenso entre las federaciones regionales ante la negativa de la flota gallega y asturiana, según ha señalado el presidente de Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), José María Gallart.
«El lunes había un consenso general de toda la flota general de hacer una parada indefinida a partir del día 21 por la ausencia de soluciones por parte del Gobierno a la crisis del combustible e inesperadamante el miércoles la flota gallega y asturiana se desmarcaron del acuerdo», ha afirmado Gallart en declaraciones a Canal Sur Radio.
En este sentido, ha indicado que la flota andaluza seguía manteniendo su postura de mantener el paro indefinido, que ante la falta de consenso finalmente no se llevará a cabo, algo que ha considerado una «gran decepción».
«La falta de consenso a nivel general impide que el sector pesquero haga lo que entendiéramos que tenía que hacer», ha afirmado Gallart, quien ha confiado en que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con quien mantendrán una reunión la próxima semana, «tome cartas en el asunto y a partir de ahí ver qué decisiones se toman».
«Es una gran decepción lo que ha pasado en el sector pesquero. El problema de combustible es común a toda la flota», ha añadido.
Planas aseguró esta semana que la subida del gasóleo se abordará en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas, donde reclamará ayudas específicas contempladas en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca o de paradas temporales que pudieran producirse.
Asimismo, tiene previsto reunirse la próxima semana con los representantes de la flota española para analizar la situación. «Hay otras medidas que se pueden adoptar a nivel nacional que son las que están analizando el Gobierno, las comunidades autónomas y los sectores afectados. Se trata de compensar un incremento de costes significativo que puede poner en peligro la rentabilidad y la provisión de alimentos para la población», indicó el ministro.
