Los trabajadores de Arquisocial reclaman la remunicipalización de la Ayuda a Domicilio

• A juicio de los representantes sindicales, el encaje legal de esta remunicipalización es posible en Granada, porque se ganaría en eficiencia en la gestión y se optimizarían los recursos económicos

Trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio en Granada se han concentrado este jueves ante el Ayuntamiento de la capital para exigir la remunicipalización del mismo, ya que consideran que el dinero público debe servir de «forma íntegra» para que la plantilla, de unas 700 personas, pueda prestar un servicio público de calidad a los 3.286 usuarios y usuarias que lo precisan.

Desde el Comité de Empresa de Arquisocial, presidido por UGT, se cree «posible y asumible» la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, porque la mayor parte de la financiación de este servicio proviene de la Junta de Andalucía. «La gestión directa de este servicio traería consigo un importante ahorro para las arcas municipales por la eliminación del beneficio empresarial, y es factible el rescate porque el mantenimiento de este servicio conlleva muy poco coste en equipamiento e infraestructuras», informan desde UGT.

Recuerdan además que el Ayuntamiento anunció un estudio sobre la viabilidad técnica y presupuestaria de esta medida, del que aún no se tienen noticias. «Y es que el modelo de gestión privatizador de un servicio público como este, como hasta ahora ha sucedido no sólo en Granada sino en otros ayuntamientos de la provincia, está fracasado», lamenta UGT. Así, advierten de que los objetivos de las empresas del sector de la dependencia son los de obtener beneficios y no los del servicio público, añadiendo que, hasta ahora el resultado de este modelo es la precariedad laboral, convirtiendo a los profesionales «en pobres».

A juicio de los representantes sindicales, el encaje legal de esta remunicipalización es posible en Granada, porque se ganaría en eficiencia en la gestión y se optimizarían los recursos económicos, «como ya ha se ha hecho en numerosos municipios del provincia de Granada».

Así, concluyen, «no es posible que una empresa privada obtenga sus legítimos beneficios empresariales a costa de “jugar” con los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, y para los trabajadores, cuya situación laboral es muy precaria».