Memoria necesaria
Reivindicaba José Saramago la necesidad de «recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica», porque de lo contrario «se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia», ya que no tener memoria es «olvidarnos de nosotros mismos, porque no es humano pasar página sobre el sufrimiento de miles de personas».
82 años después de la finalización de la guerra provocada por el golpe de Estado de 1936, 46 años después de la muerte del dictador que sumió a este país en una pesadilla de cuatro décadas y 43 años desde la aprobación de una Constitución que debería haber cerrado heridas y reparado el dolor y el atropello de decenas de miles de familias españolas, la derecha patria sigue siendo incapaz de cerrar decentemente ese oprobioso capítulo de nuestra historia contemporánea.
Llama poderosamente la atención que la actual generación política de esa derecha, nacida y formada en la Democracia, siga demostrando una preocupante «alergia» a abordar una realidad indiscutible, como es la de que ni la herida puede cerrarse sin limpiarla previamente, ni se puede pasar página sin una lectura justa de sus renglones.
Según los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hasta el momento han podido ser documentadas en España 3.000 fosas comunes y según auto dictado por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2008, el número de víctimas de desapariciones forzadas desde el 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226. Semejantes cifras deberían obligar a nuestros responsables políticos, sean de la ideología que sean, a reparar tanto dolor.
Por todo ello llama poderosamente la atención que el PP, una formación de gobierno, a la que se supone una actitud plenamente democrática, sea incapaz de asumir que para cerrar ese capitulo hay que admitir lo que ocurrió y no abrazarse a negacionismos y revisionismos históricos que niegan la evidencia. Solo desde esa incapacidad, se puede «entender» que en cualquier Gobierno del PP y en el partido como tal, encontremos una resistencia infame a cumplir la ley de Memoria Histórica de 2007, la ley de Memoria Democrática de Andalucía de 2017, o la nueva ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros aprobó el martes remitir a las Cortes Generales y que tiene como objetivos fundamentales la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura.
Ya lo ha advertido su líder y futuro candidato a la presidencia del Gobierno, cuando aseguró que el PP derogará cualquier ley de Memoria en el momento en que llegue al Gobierno y las sustituirá por una denominada «ley de Concordia», que a tenor de los últimos desbarres de Pablo Casado, solo será «concordia» para quienes resultaron vencedores de aquel horror. Solo de esa manera se explica su infame sonrisa bobalicona, cuando un ultra trasnochado como el exministro y fundador de Vox, Ignacio Camuñas, negaba que en España se hubiera producido un golpe de Estado en 1936, o cuando en la tribuna del Congreso, él mismo aseguró que la Guerra Civil, fue el enfrentamiento «entre quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia». Negacionismo puro y duro y revisionismo histórico más propio de un Abascal cualquiera que de un partido que ha gobernado y volverá a gobernar España.
Mientras en países como Alemania se siguen persiguiendo y condenando los crímenes del nazismo, en los últimos tiempos una niñata descerebrada con camisa azul, culpaba a los judíos de todos nuestros males, el alcalde de Madrid retiraba los versos de Miguel Hernández en el memorial de las 13 Rosas; el secretario general de Vox, Ortega Smith, las acusaba de «violadoras y torturadoras»; el Ayuntamiento de Córdoba, devolvía a su callejero los nombres de señalados golpistas, que habían sido retirados por el anterior equipo de Gobierno; el Ayuntamiento de Motril rechazaba retirar la medalla de la ciudad al dictador Francisco Franco; el Tribunal Constitucional inadmitía el recurso de la nieta de Dióscoro Galindo, asesinado junto a Federico García Lorca, para que se investigue su muerte y se localice la fosa común en la que yacen sus restos, junto a los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, alegando que no se aprecian en el mismo «la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere»… y los restos de la bestia sanguinaria de Queipo de Llano continúan reposando, con todos los honores, en la Basílica de la Macarena.
La decidida deriva revisionista del PP azuzado por Vox, con la complacencia, ya nada disimulada, de buena parte de nuestra judicatura, hacen más necesaria que nunca la movilización ciudadana, para evitar volver a enterrar a miles de españoles, otra vez con el olvido. Es por eso que actos como el que tuvo lugar el pasado martes en las tapias del cementerio de Granada, donde fueron vilmente asesinadas 4000 personas entre 1936 y ¡1956!, son más necesarios que nunca.
Quizás por el clima de radicalización ultraderechista que estamos viviendo en el ámbito político y judicial, quizás por el temor que algunas manifestaciones de personajes públicos están provocando en buena parte de nuestra sociedad, lo cierto es que en esta ocasión, la convocatoria en el cementerio fue la más numerosa de los últimos años y es que deben saber que no estamos dispuestos a volver a sepultar la justicia, la verdad y la memoria de miles de compatriotas bajo losas de silencio, en aras de una «concordia» que siempre se escribe con los renglones de quienes provocaron aquella tragedia y de sus herederos ideológicos, tan presentes hoy en la vida pública de nuestro país.
PD. Hablando de memoria, vaya desde estas líneas mi emocionado recuerdo, para los 9454 soldaditos españoles y 2500 indígenas, muertos en el desastre de Annual -de cuyo inicio hoy se cumplen cien años- víctimas de un ejército corrupto, mal instruido y peor armado para las ínfulas coloniales de un monarca como Alfonso XIII que reunió lo peor de la dinastía borbónica, que ya era mucho reunir; y una lamentable clase política que no pudo depurar responsabilidades, a pesar de los intentos de diputados como el socialista Indalecio Prieto
