Monachil pedirá ayuda al Gobierno para poder pagar dos sentencias urbanísticas de seis millones de euros
El Ayuntamiento de Monachil va a solicitar al Gobierno de España adherirse al Fondo de Ordenación para Entidades Locales para poder pagar los seis millones de euros que debe a dos constructoras por sendas sentencias judiciales relacionadas con licencias urbanísticas concedidas entre los años 2004 y 2007, cuando gobernaba el PP en este municipio del área metropolitana de Granada, en cuyo término se ubica la estación de esquí de Sierra Nevada.
Se trata, según ha explicado el alcalde monachileño, José Morales (PSOE), de «la última alternativa que nos queda para evitar que el Juzgado intervenga nuestras cuentas y embargue los bienes del Ayuntamiento, lo que en la práctica significaría dejar de prestar servicios».
Además, y para poder pagar estas sentencias judiciales, el Ayuntamiento va a subir el tipo impositivo del IBI por primera vez desde 2013, pasando del 0,591 al 0,65, una medida a la que en su equipo, según Morales, se han visto «obligados para recaudar unos 400.000 euros anuales extra que servirán para pagar estas sentencias».
El Consistorio también aprobará, antes de que finalice el año, la ampliación de la zona azul en la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, «que también permitirá recaudar otros 180.000 euros para afrontar estos pagos judiciales y que, como la subida del IBI, revertiremos en tan pronto como nos sea posible», ha señalado Morales.
La primera de las dos sentencias que el Consistorio debe pagar es la del denominado Edificio Marisol, que el Ayuntamiento autorizó construir en noviembre de 2004. Se trataba de un bloque de 84 apartamentos ubicado en una parcela de la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, cuyas obras fueron paralizadas por irregularidades en la concesión de la licencia de obras.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó por ello al Ayuntamiento de Monachil a pagar a la constructora Serralbol S.L. más de 4,5 millones de euros, incluyendo los correspondientes intereses, según ha informado el Consistorio en su nota de prensa.
La otra sentencia urbanística a la que el Ayuntamiento debe hacer frente se refiere a un edificio de viviendas en la calle Tejares, que «el PP autorizó construir de manera ilegal, y por el que los vecinos de Monachil tendrán que abonar a la constructora Ferteban más de 1,5 millones de euros».
A estos seis millones de euros de sentencias urbanísticas hay que sumarles, además, los ocho millones de euros de la deuda que el Ayuntamiento tenía con los bancos y proveedores, «y que nos encontramos cuando entramos a gobernar en 2015», ha señalado el alcalde.
Pese a todo, «en los últimos cuatro años, hemos logrado reducir esta deuda con los proveedores en más de tres millones de euros, y hemos pagado más de 600.000 euros de la primera de estas sentencias judiciales, a razón de 19.000 euros mensuales», ha agregado.
