Motril pide a Gobierno y Junta una «solución» a inmigrantes que quedan en la calle tras llevar a 24 a Málaga

El Ayuntamiento de Motril ha exigido una «solución dialogada» al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que delimiten sus respectivas competencias en materia de inmigración, después de que se hiciera cargo este jueves del traslado de 24 inmigrantes «obligados a guardar cuarentena por contactos con casos positivos de Covid-19» a un centro de aislamiento habilitado en Torremolinos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Motril en una nota de prensa, habían salido del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la ciudad costera granadina, de lo cual se había dado traslado al Consistorio «con solo una hora y media de preaviso».

En este contexto, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), ha hecho un llamamiento para que ambas administraciones se comprometan a buscar una solución que dé respuesta a los propios inmigrantes y a aquellos ayuntamientos de la región con una mayor presión migratoria, al tiempo que les ha recordado que, «más allá de protocolos de actuación y pugnas competenciales, los inmigrantes no son una competencia, sino que son personas».

Desde el gobierno local han asegurado que no es la primera vez que Subdelegación de Gobierno «se niega a asumir sus competencias» en materia de inmigración y han explicado que la Administración central «ya dejó en las calles de Motril a 17 migrantes argelinos el pasado mes de mayo y en pleno período de confinamiento obligatorio» por el coronavirus.

El Consistorio ha aclarado que la ciudad brinda su «total colaboración» para atender las necesidades inmediatas de los migrantes, pero también señalan que «las administraciones competentes no puede seguir cargando sobre los ayuntamientos un sobresfuerzo que no pueden asumir».

Ha agregado que «no dispone de lugares para períodos de media y larga estancia, como requiere la cuarentena sanitaria» de personas como las que iban a quedar en la calle este pasado jueves, que habían dado negativo en las PCR a las que fueron sometidas, pero habían estado en contacto con contagiados de coronavirus.

Por ello, el Consistorio «se vio obligado a actuar con celeridad ante la posibilidad de que los 24 inmigrantes quedarán desatendidos en la calle, lo que hubiera supuesto un riesgo evidente para la salud de los motrileños y de los propios migrantes».

Ha agradecido la «labor desinteresada» que vienen realizando las organizaciones no gubernamentales y su trabajo para prestar auxilio y atención inmediatos al colectivo de migrantes, como Cruz Roja, Emergencia Frontera Sur, Motril Acoge, el personal del protocolo de emergencia para atender a las personas inmigrantes y a los propios trabajadores de Servicios Sociales municipales.

Luisa García Chamorro ha detallado que a las 19,30 horas recibió una llamada en la que se le informaba de que se iba a «dejar en la calle» a 24 inmigrantes a las 21,00 horas, tras el período de 72 horas en el CATE. Desde el Ayuntamiento se estableció entonces un dispositivo de urgencia para contactar con las organizaciones que proporcionan atención y acogida a inmigrantes.

«El grupo de migrantes debía ser trasladado al centro de aislamiento habilitado por la Junta de Andalucía en el municipio de Torremolinos» y «la Subdelegación del Gobierno debía ser la encargada de dicho traslado».

«Sin embargo y ante la negativa de la Subdelegación a responsabilizarse del traslado, el Consistorio motrileño fletó un autobús para que los inmigrantes pudieran pasar la cuarentena en la localidad malagueña», ha apuntado la alcaldesa.

García Chamorro ha criticado que, «nuevamente, la Subdelegación del Gobierno nos hace cargo al Ayuntamiento de una serie de personas sobre las que no somos responsables» y no ha dudado en calificar de «inaceptable» su actitud al intentar «dejar en las calles de Motril a las nueve de la noche a 24 inmigrantes sin haber pasado la cuarentena y tras haber tenido contacto con otros inmigrantes positivos en Covid».

El Consistorio ha anunciado una queja oficial ante la Subdelegación del Gobierno, porque «entendemos que no son formas de tratar a estas personas que llegan a España en patera» y «por hacer recaer la responsabilidad de estas personas en el Ayuntamiento de Motril».