No existe lo que no se cuenta

No hay manera más eficaz de ocultar, invisibilizar, e incluso negar la existencia de algo o alguien que no nombrándolo, porque como decía George Steiner: “aquello que no se nombra, no existe”. El hijo adoptivo de la provincia de Granada lo sabe y por eso se aplicó desde su primer día como Presidente de la Junta de Andalucía, en controlar por tierra, mar y aire, a los medios de comunicación de nuestra comunidad, bien “manu militari”, en aquellos que dependen directamente de su Gobierno, léase Canal Sur, bien vía presupuestaria, o lo que es lo mismo, ni un euro a aquellos periódicos, radios y televisiones, que no se limiten al clásico ver, oír y callar.

Sirva esta primera reflexión para contarles que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha recibido un demoledor informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.

Probablemente ustedes no se hayan enterado de semejante escandalazo, por la sencilla razón de que la inmensa mayoría de los medios de comunicación andaluces sencillamente no lo han publicado. Sin duda ese silencio no se debe a que la noticia no les haya parecido de interés, porque sin duda lo es, sino porque en caso de que la hubieran publicado, esos medios se cerrarían per secula seculorum, las puertas de la publicidad institucional de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos y de las diputaciones gobernadas por el partido de Bonilla, sin la cual es casi imposible sobrevivir en el ecosistema mediático andaluz.

El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

La Intervención del SAS, organismo competente para auditar las cuentas autonómicas, emitió un informe definitivo “desfavorable” sobre todos los contratos a dedo que se realizaron durante aquel ejercicio presupuestario de 2021: en total fueron 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.

El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año.

La decisión de la dirección gerente del SAS de seguir haciendo adjudicaciones a dedo hasta finales de 2021, argumentan, supuso ignorar las instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (abril de 2020) y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que, a esas alturas, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.

Los interventores del SAS consideran que el estado de alarma en ese momento ya no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público para justificar las adjudicaciones millonarias sin publicidad ni concurrencia.

Los auditores de la Junta acusan al SAS de ignorar una docena de artículos de la ley que regulan los requisitos para justificar la contratación a dedo, entre ellos aquellos que sirven a la Administración para “acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional” de las empresas con las que contrata, para así minimizar “situaciones de riesgo” en el gasto de dinero público.

En el informe, se advierte a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud de que la adjudicación de contratos millonarios a dedo se hizo vulnerando aspectos “significativos” de la LCSP; y denuncian reiteradamente la “indebida tramitación de contratos mediante el procedimiento de emergencia” durante el ejercicio 2021, cuando la situación “se había convertido en algo más previsible, lo que habría de influir necesariamente en la forma en que la legislación de contratos públicos debía aplicarse”.

También censuran que muchos de los contratos a dedo se prorrogaron en el tiempo “sin justificación”, pues la ley limita el trámite de emergencia “a lo estrictamente indispensable en el ámbito temporal”. Sin embargo, el SAS prorrogó en el tiempo muchos de esos contratos a dedo, e incluso autorizó contratos de emergencia “por fases”, lo cual es “incongruente”, desde el punto de vista del Interventor, porque contradice la naturaleza misma de la emergencia. Nada menos que el 98% de los contratos supervisados por la Intervención recoge este tipo de irregularidades.

Ese documento ya planteó una serie de recomendaciones al SAS para que fuera abandonando paulatinamente el sistema de contratación de emergencia, sin embargo, el posterior informe de 2021 emite una evaluación sobre el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones y concluye que el SAS no implantó ninguna. De hecho, siguió prorrogando algunos contratos a dedo con clínicas privadas, al menos hasta el verano de 2023.
No voy a ser más prolijo en detalles de este auténtico escándalo, del que como decía al principio, es muy probable que ustedes no hayan tenido noticia alguna en los medios de comunicación en los que habitualmente se informan, pero ¿Se imaginan que esta misma impudicia hubiera sido cometida por cualquier administración gobernada por la izquierda? Tendrían ustedes páginas y páginas y minutos y minutos en esos medios de comunicación que ahora callan, dando los más ínfimos detalles de tamaña desvergüenza.

Sirvan las anteriores líneas para que tengan ustedes claro que, en los tiempos que corren, la cuenta de publicidad institucional es la que marca la existencia o no de un hecho, que por muy noticiable que pueda parecernos, solo llegará hasta ustedes si favorece los intereses de quien paga y no se enterarán de ella, si como en este caso deja a los pagadores como auténticos impresentables.