Once detenidos por favorecer la inmigración ilegal a través de una empresa comercializadora de pescado

• La organización captaba a ciudadanos marroquíes en situación de estancia irregular ofreciéndoles un contrato de trabajo por el que se les cobraba hasta 3.000 euros y con el que podrían conseguir una tarjeta de residencia

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF IV de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada han detenido a 11 individuos vinculados presuntamente a una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal, a través de la captación de marroquíes en situación irregular, a quienes ofrecían un contrato de trabajo en una empresa de Motril y la posibilidad de obtener una tarjeta de residencia a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales podían llegar a alcanzar hasta los 3.000 euros.

El presunto artífice de esta trama es un varón de nacionalidad española y 59 años de edad, sin antecedentes policiales previos. Dicha persona actuaba como empresario al frente de una sociedad limitada con domicilio social en Motril, siendo su objeto social la compra y venta de pescado fresco y congelado.

El modus operandi de esta red delictiva giraba en torno a la captación, a través de otras dos personas de origen marroquí, de ciudadanos de esta misma nacionalidad que se encontrasen en situación de estancia irregular en nuestro país y deseasen regularizarse. Una vez contactados, se les ofrecía un contrato de trabajo en la mencionada empresa y la posibilidad de conseguir a través del mismo un permiso de residencia, todo ello a cambio de una importante suma de dinero. Se da la particularidad de que, entre los trabajos ofertados, se encontraba el de “peón marinero”, habiéndose constatado que a nombre de dicha empresa no constaba ningún tipo de embarcación pesquera, mercante o de recreo que justificase este tipo de contratación. Por otra parte, la empresa no acreditaba medios económicos, materiales y personales suficientes para hacer frente a las obligaciones dimanantes de los contratos ofrecidos. Además, dicha empresa tampoco se encontraba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

La organización criminal cobraba a sus patrocinados altas sumas de dinero, las cuales podían suponer el desembolso de hasta 3.000 euros. Sin embargo, para ganarse la confianza de los extranjeros, el empresario les ofrecía un pagaré por la misma cantidad entregada, como garantía de la obtención de la tarjeta de residencia. No obstante, llegado el momento del cobro tras no conseguir su tarjeta, los marroquíes se encontraban que dichos pagarés estaban vinculados a una cuenta sin fondos. De esta forma, no solamente perdían el dinero entregado si no que, además, la entidad bancaria les cobraba la cantidad de 80 euros en concepto de tramitación de dichos pagarés.